A principios de junio, un virus informático, uno similar al que paralizó los sistemas del SEPE hace unos meses, asaltó el Ministerio de Trabajo. De hecho, hasta hace no demasiado los efectos de este ciberataque todavía dificultaban el trabajado de la inspección laboral, según los sindicatos. Aunque no se robaron datos ni los piratas informáticos accedieron a los servidores del departamento, recuperar los sistemas ministeriales tuvo su precio. Concretamente, un millón de euros. 

Pero que el lector no se lleve a confusión. Esta cantidad (concretamente, 990.223 euros) no sirvió para pagar un 'rescate' a los delincuentes digitales por los servidores del departamento que dirige Yolanda Díaz. La cifra corresponde a los honorarios que el Ministerio ha tenido que pagar por los servicios informáticos necesarios para reactivar sus sistemas. 

Así lo revelan los cuatro acuerdos aprobados este martes en el Consejo de Ministros, con los que se cubre económicamente las actuaciones que han sido necesarias para reactivar la actividad informática en Trabajo.  

Más de 67.480 euros sirvieron para contratar servicios profesionales de asistencia técnica microinformática. Unos 145.893 euros sirvieron para financiar el servicio de respuesta a incidentes, mientras que otros 290.400 se destinaron a contratar un equipo de auditoría de la infraestructura hardware, software y comunicaciones (según directrices del Centro Criptológico Nacional). 

La mayor cantidad, unos 486.000 euros, se dedicó a la contratación de un servicio de apoyo a las infraestructuras para la recuperación tras el ciberataque mediante 'ransomware' que sufrió el Ministerio. 

Como ya contó Invertia, el Ministerio de Trabajo sufrió este ataque informático sin contar con la certificación de ciberseguridad que exige el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a las Administraciones Públicas. Una situación en la que estaba el departamento de Díaz y otros 15 ministerios más.