El Consejo de Ministros del pasado 27 de julio aprobó un real decreto para lanzar una oferta de empleo público de 23.491 plazas en la Administración General del Estado (AGE). Si a ello unimos otros dos reales decretos que ya habían sido aprobados de oferta pública para las Fuerzas Armadas (1.920 plazas) y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.034 plazas), el total es de 30.445 plazas. Es decir, un 8% más que en 2020.

Según la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC), se trata de la mayor oferta de la historia. La pregunta que surge es sí será suficiente. La respuesta, según los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), es que no.

“Desde que comenzaron las políticas de recorte del gasto público en 2011, la destrucción de empleo en las administraciones públicas ha sido continua. En 2015, se habían perdido cerca de 140.000 puestos de trabajo en comparación con 2011, dejando las administraciones públicas tiritando”, según el informe ‘El colapso de la Administración General del Estado ante la crisis provocada por la Covid-19’ de CCOO.

Y matizan: “Aunque se ha podido incrementar su volumen en torno a 30.000 efectivos durante estos últimos tres años, vemos que esa recuperación se ha llevado a cabo exclusivamente a nivel autonómico y de la administración local, mientras que en la AGE la destrucción de empleo se mantiene”.

Según UGT y CSIF, la pérdida sufrida durante la última década es de 40.000 empleados públicos. Es decir, se trata del 22% del total de recursos humanos de la AGE. Una pérdida que no hace sino recortar derechos a los ciudadanos. La mala gestión de los ERTE, o el Impuesto Mínimo Vital (IMV), los subsidios de empleo domésticos, o a la hora de renovar el DNI son claros ejemplos.

Servicios colapsados

En 2010, la plantilla de la AGE estaba compuesta por 231.157 empleados. Diez años después, la cifra ha bajado hasta los 186.126. Son los puestos de personal funcionario los que más han sufrido esta merma. En concreto, y durante los últimos cinco años, se han eliminado 11.054 puestos. El personal laboral, por su parte, ha visto descender la plantilla en 7.238 puestos de trabajo.

Por ministerios, y según el informe de CCOO, la destrucción de empleo ha sido mayor en el de Defensa (32%). Le siguen Fomento (casi el 28%), Cultura y Deporte (19%) y Empleo y Seguridad Social (18%).

Si se amplía a la última década, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha visto menguar su plantilla un 25%. “Esta es una de las causas que explican que, pese al inmenso esfuerzo y dedicación del personal público, se colapsen servicios como el SEPE o el INSS”, apuntó Elisa Fernández, coordinadora del informe de CCOO, durante su presentación.

Otro punto negativo de este ministerio tiene que ver con su porcentaje de temporalidad (5,21%). Cierto que no supera la media de la AGE (7,39%), pero es preocupante que el 70% de su personal temporal esté en el SEPE.

Si unimos este factor al ya reseñado de la excesiva destrucción de empleo, “no es de extrañar que este servicio público haya sido uno de los que más ha colapsado a lo largo de la emergencia sanitaria”, subrayan en el informe de CCOO.

Avalancha de jubilados

De cara al futuro, nuevos nubarrones se avistan en lontananza. Más del 40% del personal de la AGE está en un rango de edad superior a los 50 años, y casi un 20% supera ya los 60 años. Dicho de otra manera, de aquí a 2030, será más del 56% de la plantilla de la AGE la que se jubilará. “Esta situación es inaceptable ya que la falta de efectivos constituye un problema a la hora de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad”, subrayó CSIF en un comunicado.

En el otro lado de la balanza podemos encontrar a algunos departamentos ministeriales que sí han visto aumentar sus efectivos. Aunque sea de manera leve. Uno de ellos es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Así, en la última década, ha visto un incremento de puestos de trabajo del 0,77%.

“Si sumamos los 20.000 puestos de trabajo perdidos en la AGE durante los últimos 5 años a los 26.000 que fueron destruidos en el periodo de crisis de 2011 a 2015, tenemos un total de 46.000 efectivos menos, que necesitan ser cubiertos con las Ofertas de Empleo Público (OEP)”, indican desde CCOO.

Hay que tener en cuenta que, durante varios años, la tasa de reposición ha sido del 0% en muchos organismos. De ahí que sea inviable, incluso con la última oferta de empleo público, que se produzca la recuperación necesaria.

Además, aunque durante las últimas leyes presupuestarias la tasa de reposición se está incrementando, no se está haciendo de manera uniforme en la distribución entre los distintos grupos de titulaciones existentes. “Se están destinando más plazas a los grupos que menos efectivos han perdido en los últimos años, o que incluso ya han creado empleo con respecto al año anterior”, concluyen en CCOO.