Y los trabajadores públicos ya tienen claras sus peticiones. Según ha podido saber Invertia, los sindicatos reclamarán al departamento que dirige María Jesús Montero que los funcionarios no pierdan su poder adquisitivo, por lo que la subida salarial, bajo su criterio, no puede ser inferior al 3%. 

Se trata de una reclamación que amparan en la evolución del IPC anual, que en agosto subió a una tasa anual del 3,3%. De hecho, el propio Ejecutivo informaba a Bruselas en la última actualización del Programa de Estabilidad de que, a partir de 2022, actualizaría las retribuciones de los empleados públicos de acuerdo con la evolución de los precios, igual que las pensiones. 

Con todo, tanto CSIF como Comisiones Obreras, dos de los principales sindicatos en la mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, apuestan por llegar a un acuerdo que vaya más allá de 2022. Quieren que un futuro pacto con el Gobierno incluya, en próximos años, recuperar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los funcionarios en la anterior crisis, la que arrancó en 2008. 

Desde Comisiones Obreras (CCOO) indican que, por entonces, los funcionarios perdieron el 14% de su poder adquisitivo. Con las subidas progresivas que se pactaron con el Gobierno de Mariano Rajoy en la pasada década se recuperaron seis puntos, pero insisten en que todavía queda un 8% de dicho poder adquisitivo por recobrar. 

Una postura similar comparten desde el sindicato CSIF, cuyos representantes celebraron este viernes un primer encuentro con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.

Según ha podido saber Invertia, la cita fue cordial y en ella CSIF planteó a la responsable de la plantilla de las Administraciones Públicas abordar cuanto antes lo concerniente a la subida salarial y la tasa de reposición, ambas cuestiones dependientes de los Presupuestos Generales del Estado. 

Por lo pronto, el único compromiso al que ha llegado Sánchez Milán es sentarse a escuchar a los sindicatos en la mesa de negociación de la Función Pública. También ha prometido prestar especial atención a los avances que se hagan sobre el proyecto de ley de los interinos en el Congreso de los Diputados y que no perturben su naturaleza.

Una subida mínima del 3% de los sueldos públicos no es una medida menor. Tomando como referencia el coste de la masa laboral de las Administraciones Públicas de 2020 (140.470 millones euros), el aumento de sueldo tendría un impacto de 468 millones de euros. 

Números

En Hacienda hacen números y afirman que "el grueso de los Presupuestos ya está hecho". Pero lo cierto es que las tensiones inflacionistas están acelerando, como demuestra que agosto se cerró con el mayor IPC en casi nueve años (el citado 3,3% anual).

Nadie confía en que se frene la escalada de los precios de la luz -más del doble que hace un año-, del carburante -un 22% en tres meses- y del gas -alrededor de un 10% en este año-. Así, el cierre del ejercicio habrá hecho perder a los funcionarios un poder adquisitivo notable.

Por ejemplo, el 0,9% de subida salarial de 2021 se sobrepasará con creces. En el departamento de María Jesús Montero se trata de no perder los nervios. "Lo importante no es este pico inflacionario", explica un portavoz. "Es un fenómeno planetario, no solamente español".

Según los cálculos de su departamento, dos tercios de la subida del IPC se pueden atribuir por dos motivos concretos: a la escalada (récord tras récord) de la electricidad y a la recuperación del turismo este verano. "Además, la inflación se mide en términos interanuales, y estamos comparando con 2020, el año de la pandemia, con menos tensiones por la atonía del consumo".

Desde Hacienda no se le quiere "quitar importancia" al fenómeno, pero al tiempo dicen confiar en que la inflación "se contenga". Además, insisten en que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en junio de 2018, "los funcionarios han ganado poder adquisitivo".

Con todo, cabe recordar que, exceptuando la última subida salarial, la mayoría de los aumentos retributivos de los empleados públicos estaban ya fijados en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos, que se pactó con el Gobierno del Partido Popular en marzo de 2018.