El Gobierno retoma la próxima semana la negociación de la reforma laboral y de las pensiones, que entran en su fase final. Los representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se reunirán con los agentes sociales para cerrar los principales cambios legislativos de este año, para los que la cuenta atrás ya ha empezado.

De hecho, el Ejecutivo prometió a la Unión Europea haber aprobado ambas reformas antes de que termine 2021. Unos 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dependen de estos cambios legislativos. 

La reforma de las pensiones es la que más adelantada está. La negociación ya ha terminado con los agentes sociales. O casi. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá todavía tiene que negociar con ellos el mecanismo de equidad intergeneracional que vendrá a sustituir al factor de sostenibilidad que se deroga el cambio legislativo. 

No será fácil. El ministro ya ha dado sugerido que supondrá o un recorte de las pensiones de la generación del baby boom o un retraso de sus jubilaciones, algo a lo que se han opuesto frontalmente los sindicatos. 

La idea es que el mecanismo que se acabe acordando se introduzca en noviembre, durante la tramitación del proyecto legislativo para reformar las pensiones, que no está claro que logre fácilmente los votos a favor del Congreso. 

Disconformidad

Si bien la reforma se inspira en las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo, varias formaciones han expresado su disconformidad con parte de su contenido, sobre todo el Partido Popular y las formaciones nacionalistas. Está claro que el texto no saldrá de la Cámara Baja tal y como entró. 

Por lo pronto, el proyecto de ley ya se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes. Y hay ciertas novedades respecto al texto original. Finalmente, habrá un complemento salarial diseñado por Seguridad Social para reparar los recortes aplicados a pensionistas con carreras de cotización superiores a los 44 años y medio por jubilarse antes de la edad legal. 

Por otro lado, cabe recordar que con esta reforma normativa también se aprobará la subida anual automática de las pensiones con el IPC, la 'reorganización' de los incentivos para demorar la jubilación y los cambios en la prejubilación. 

Más compleja es la labor que le espera al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El departamento de Yolanda Díaz aún tiene que cerrar la negociación con sindicatos y patronal. Y la CEOE, particularmente, no está a favor de las propuestas del Ejecutivo, que suponen en buena medida una 'contrarreforma laboral', respecto a la de 2012. 

Subcontratación

Concretamente, el equipo de Díaz ya ha mostrado su intención de coartar la subcontratación por parte de las empresas -vetándoles el contrato de obra- y limitar el número de contratos a tres: indefinido, temporal y formativo. 

Además, el Ejecutivo también ha dejado clara su intención de recuperar la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa y ha propuesto los mecanismos de sostenibilidad del empleo (MSE), que se han diseñado como los nuevos ERTE estructurales.

Todas estas medidas tienen que estar pactadas y aprobadas antes de final de año para poder cumplir con Bruselas. Con todo, el acuerdo parece muy difícil o improbable en el caso de la CEOE, como indican fuentes internas del Diálogo Social. 

Y antes de que acabe septiembre, el departamento de Díaz tendrá que cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que está tratando de pactar con los agentes sociales, y la prórroga de los ERTE, que se da por hecha aunque se ignora en qué condiciones.