El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha celebrado el primer encuentro con las asociaciones de autónomos para negociar la prórroga de las exoneraciones de cuotas sociales y prestaciones para trabajadores por cuenta propia más allá del 30 de septiembre. Una cita en la que el departamento que dirige José Luis Escrivá ha expresado su intención de recortar la cantidad de perceptores de estas prestaciones. 

"Estamos en un contexto distinto de fuerte crecimiento y de levantamiento de restricciones", explican fuentes de Seguridad Social, que indican que lo que quieren es que el grueso de autónomos que perciben prestación (unos 226.000) "pase a recibir ayudas en forma de exoneraciones para apoyar el mantenimiento de la actividad". 

De esta manera, la percepción de la prestación quedaría limitada a los autónomos que tienen suspendida su actividad, a los autónomos de temporada con bajos ingresos y a quienes pueden acceder a la prestación de cese ordinaria compatible con la actividad por reunir los requisitos de carencia de cotización. 

Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, el Gobierno tiene la inquietud de que muchos de los que soliciten la prestación no cumplan los requisitos para recibirla y tengan que devolverla. Esta propuesta tendría como objetivo evitar este problema.

Con todo, a los autónomos no les ha gustado esta propuesta. "Dejaría sin prestación al 80% de los 226.000 que hoy la cobran", ha criticado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Ampliación directa

Por su parte, para Eduardo Abad, presidente de UPTA, es necesario que esta modalidad de cese de actividad se amplíe en los mismos términos que hasta ahora, ya que existen sectores de actividad como las agencias de viajes, los guías turísticos, las actividades culturales, musicales o los profesionales de los espectáculos de feria entre otros, que aún sufren el impacto económico derivado de la pandemia.

Desde UPTA se solicita una ampliación de este paraguas social hasta el 31 de enero de 2022. "No podemos obviar que la protección dispensada a través de las prestaciones por cese de actividad ha constituido para el trabajo autónomo el mayor sistema protector frente a la crisis económica derivada de la Covid-19", ha remarcado.

POr otro lado, en la reunión el Gobierno también ha propuesto ayudas específicas para los autónomos afectados por la erupción volcánica en La Palma. 

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