Cuando logró acordar el contenido de la reforma de las pensiones con los agentes sociales, el Gobierno daba por hecho que no se encontraría con grandes obstáculos durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Craso error.

Dentro de la batería de enmiendas que ya se han presentado al proyecto de ley, ERC y EH-Bildu, partidos hasta ahora aliados del Gobierno han planteado su rechazo a varios de los puntos negociados y pactados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. 

Uno de ellos es la prohibición de la jubilación forzosa de trabajadores menores de 68 años en convenio colectivo. Para las formaciones independentistas, está "injustificado limitar la capacidad negociadora de los agentes sociales". 

Según la citada enmienda, "la negociación colectiva debe poder acordar y establecer los acuerdos que resulten más beneficiosos para cada sector empresarial atendiendo a las particularidades de la naturaleza de cada trabajo". 

ERC y EH-Bildu también se oponen a que se compense a las empresas por las posibles bajas que sufran los trabajadores mayores. Cabe recordar que el Diálogo Social pactó una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de trabajadores mayores de 62 años. 

Bonificación "injustificada"

Sin embargo, estos partidos consideran esta bonificación "injustificada" en un momento en el que "por parte del Ministerio se pretende, supuestamente, asegurar la viabilidad económica del sistema en los años venideros". 

Por otro lado, las enmiendas también proponen cambios en el campo de las jubilaciones anticipadas. Se propone que los coeficientes reguladores estén ligados a las bases de cotización y que el 'castigo' sea inferior para las más bajas.

Además, se propone que el despido improcedente sea una de las causas de acceso a la jubilación anticipada involuntaria, que a día de hoy no está recogido de tal forma. 

Por otro lado, el texto también reclama una subida de las pensiones mínimas hasta que supongan, al menos, el 90% del salario mínimo interprofesional para evitar que haya pensionistas en la "pobreza". 

Cabe recordar, además, que José Luis Escrivá no ha presentado al Diálogo Social ni negociado, aún, el mecanismo de sostenibilidad intergeneracional, a pesar de su compromiso de introducir este elemento el proceso de enmiendas de la reforma durante el mes de noviembre. 

Si la negociación con sindicatos y patronal se prevé dura, no lo será menos la política en la Cámara Baja. Sin los apoyos de estos partidos independentistas (que tampoco están amarrados para los Presupuestos Generales del Estado de 2022), el Gobierno tiene imposible sacar la reforma adelante, a no ser que logre el apoyo del Partido Popular. Una posibilidad que hoy parece remota.