Así lo indica el borrador del texto que están negociando el Gobierno y los agentes sociales, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. Concretamente, el Ejecutivo se compromete a hacer una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas recogidas por la reforma laboral sobre los datos de contratación temporal e indefinida en enero de 2025, "procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores". 

En caso de que los resultados de dicho examen "demuestren que no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales" para lograrlo, tanto a nivel general como sectorial. Unas medidas que se discutirán con patronal y sindicatos con la idea de llegar a un "eventual acuerdo".

La propuesta del Gobierno no se queda aquí, sino que este examen tendrá que repetirse cada dos años. Es decir, que salvo que se derogue esta condición, de salir adelante esta reforma laboral quedará como 'legado' para futuros gobiernos. 

Cabe recordar que la receta contra la temporalidad del Gobierno incluye ya varios ingredientes. Para empezar, toda aquella contratación temporal que no esté relacionada con causas productivas o sustituciones será considerada "ocasional" y solo podrá durar tres meses.

Topes

Además, habrá topes de plantilla con este contrato dependiendo del tamaño de la empresa. Estos topes van desde una persona en el caso de microempresas de 1 a 5 personas, el 8% del personal en caso de empresas entre 31 y 100 personas, hasta el 4% en empresas de más de 500 trabajadores.

La excepción está en el sector agrario. En el 'agro', el número máximo de contratos temporales ocasionales en cada tramo se incrementará un 50%. 

Además, en el último documento entregado por el Gobierno a los agentes sociales se recoge que "en el supuesto de que un puesto de trabajo, entendido como el desarrollo de unas iguales o equivalentes tareas y funciones, sea ocupado con contratos para actividades ocasionales durante más de cinco meses en un año, la persona que lo esté ocupando, o que lo ocupe tras ese periodo, será considerada indefinida".

Es decir, que las empresas estarán obligadas a hacer un contrato indefinido para aquellos puestos de trabajo que mantengan activos durante más de cinco meses en un año. Y, a su vez, solo podrán ocupar un puesto con trabajadores temporales durante cinco meses al año.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

Se trata de unas opciones que no acepta la patronal. De hecho, en el documento con propuestas para la reforma laboral que ha presentado la CEOE en el Diálogo Social la patronal reclama que no se toque el marco de la temporalidad. Con todo, propone impulsar los contratos fijos discontinuos para 'sustituir' la temporalidad. 

En dicha propuesta, por cierto, también se opone a la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral de 2012. Concretamente, a recuperar la primacía del convenio de sector sobre el de empresa y resucitar la ultraactividad. 

Por otro lado, la reforma laboral incorpora los nuevos ERTE estructurales, el Mecanismo RED. Finalmente, se ha suprimido la 'mochila austriaca' a la española que incorporaba en un principio. 

En cambio, en las últimas modificaciones se ha sumado que cuando se aplique la modalidad sectorial del Mecanismo RED, "las empresas que contraten a personas trabajadoras incluidas a través de contratos de trabajo de carácter indefinido tendrán derecho a la aplicación de una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un período de 6 meses".

Prestaciones

Por otro lado, los trabajadores que estén protegidos por los nuevos ERTE recibirán una prestación pública equivalente al 70% de la base reguladora del trabajador. Eso sí, la cuantía mensual máxima a percibir será como mucho del 225% del IPREM, unos 1.271 euros. 

La empresa abonará a los trabajadores afectados el importe íntegro de sus retribuciones salariales del primer mes en el que resulten de aplicación las medidas del ERTE. En los meses sucesivos, pagará la diferencia salarial entre lo que los empleados cobran del ERTE y su salario.