El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la negociación de la cotización por ingresos reales de los autónomos con las asociaciones de trabajadores por cuenta propia este jueves. Para ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una propuesta de 13 tramos más elevada que la que anunció a los agentes sociales en mayo de 2021, aunque la mayoría de los autónomos pagaría menos que con el actual sistema por módulos.
Por entonces, el departamento que dirige José Luis Escrivá propuso que los autónomos pagaran entre un mínimo de 90 euros al mes y un máximo de 1.200. Ahora, el tramo más bajo, que es el de ingresos por debajo de los 600 euros al mes, tendría que pagar a la Seguridad Social 183 euros al mes. Es decir, que las cuotas mínimas se doblarían respecto al texto anterior.
Según los dos tramos siguientes, los autónomos con ingresos de entre 600 y 900 euros mensuales pagarían 245 euros al mes y los que tengan ingresos de entre 900 y 1126 euros mensuales abonarían 294 euros.
Mientras, los autónomos con ingresos más elevados (que ocuparían el tramo de cotización 13 y más alto), de 4.050 euros mensuales en adelante, tendrían que pagar 1.266 euros al mes, un incremento más moderado.
Con todo, fuentes de la negociación aseguran que el Gobierno estaría dispuesto a negociar todas estas cifras.
Flexible
Más allá de los tramos (que se han diseñado en colaboración con la Agencia Tributaria), Seguridad Social ha planteado a los autónomos que el sistema sea flexible y que los autónomos puedan cambiar de tramo de ingresos hasta seis veces al año.
Según indicaron en el encuentro los representantes del Ministerio, dos de cada tres autónomos reducirían sus cotizaciones respecto al sistema actual, de módulos. Los que tienen ingresos más bajos pagarían hasta 1.300 euros menos al año y los que tienen beneficios de entre 600 y 900 euros al mes, un colectivo muy numeroso, casi 600 euros menos al año.
Por otro lado, los que cotizarían más tendrían más prestaciones futuras y son, según esta interpretación, en gran medida societarios, que compensarán este incremento con deducciones.
Además, se mantiene la tarifa plana durante los dos primeros años para aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), aunque se incrementa a 70 euros. Dicha tarifa plana no se incluyó en la propuesta de mayo.
Aplicación gradual
Este sistema de tramos se aplicaría gradualmente a lo largo de nueve años: entre 2023 y 2031, cuando se aplicaría de forma plena, aunque cada tres años se evaluaría la situación. La idea del Gobierno es aprobar el nuevo modelo antes de julio y comenzarlo a aplicar el próximo año.
El Gobierno se volverá a reunir con las asociaciones de autónomos el lunes. Mientras, la propuesta ha generado reacciones muy diferentes. Mientras UATAE y UPTA la ven positiva pero creen que se puede mejorar, ATA la critica abiertamente.
Críticas
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado la propuesta del Gobierno y ha indicado que "no tienen ni idea de lo que es ser autónomo".
"El Gobierno quiere que un autónomo que facture 2.300 euros al mes y no tenga gastos pague en 2031 el doble de cotización que ahora, que un periodista autónomo, por ejemplo, que facture 3.000 euros pague el triple dentro de tres años. Esto es una locura. No tienen ni idea de lo que es ser autónomo", ha denunciado en Twitter.
En cambio, María José Landáburu, presidenta de UATAE, ha celebrado que se retome el diálogo pero también ha trasladado la necesidad de acortar los plazos fijados del régimen transitorio. Considera que los autónomos que menos ingresan "no pueden esperar nueve años para que la situación del régimen actual se modifique hasta alcanzar pagar una cuota justa".
Parecida visión tiene Eduardo Abad, presidente de UPTA, Eduardo Abad, quien ha señalado que a falta de conocer la letra pequeña del acuerdo, "la música suena bien".
"Tenemos prácticamente un millón de trabajadores con rendimientos de trabajo por encima de los 25.000 euros anuales que están en su mayoría en las cotizaciones de las bases mínimas, algo que el sistema no puede permitirse y tampoco podemos permitirlos las organizaciones que representamos a nuestro colectivo", ha concluido.