Importante Consejo de Ministros el de este martes. El Gobierno tiene previsto aprobar varias medidas, entre ellas el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.000 euros, la prórroga de los ERTE Covid hasta finales de marzo y, principalmente, el anteproyecto de ley que permitirá activar los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública. 

Hasta última hora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha intentado que los agentes sociales den su aval a este proyecto, algo que facilitaría su vida parlamentaria de cara a la negociación con los grupos políticos.

Pero el acuerdo no ha sido posible. Fuentes de CEOE, UGT y CCOO indican que han decidido no respaldar el proyecto de José Luis Escrivá, a pesar de que admiten que los últimos cambios que se han hecho en el texto dan respuesta a reclamaciones que se han hecho. Por ejemplo, la rebaja al 'hachazo' de las comisiones y reforzar el papel de los agentes sociales en las comisiones de vigilancia de los planes de pensiones públicos. 

Con todo, los agentes sociales consideran que el proyecto "no se acerca a lo que a nosotros nos gustaría". Así mismo, tanto patronal como sindicatos descartan que este desencuentro les lleve a plantear una batalla al Ejecutivo. Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública "no son fundamentales ni nos quitan el sueño".

En cambio, para el Gobierno las aportaciones de los agentes sociales sí que lo son, o se han tenido en cuenta. Según han indicado voces del departamento que dirige José Luis Escrivá, el texto ha evolucionado desde sus primeras fórmulas, añadiendo peticiones varias de los diferentes sectores productivos. 

Plazos

En cualquier caso, aunque la legislación tiene que estar aprobada antes que acabe el primer semestre de 2022 (forma parte de los compromisos con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación), no es obligatorio un acuerdo con los agentes sociales.

A través de proyecto legislativo, la idea del Gobierno es crear una veintena de fondos de pensiones de empleo de promoción pública que serían gestionados por una decena de grandes gestoras.

Básicamente, consistiría en 20 fondos de pensiones empresariales promovidos por el Estado repartidos entre diez grandes entidades. Cada una de ellas tendría acceso, de media, a un par de fondos que gestionaría con distinto perfil de riesgo (bajo, medio o alto, según el caso) y ámbito geográfico. En la práctica, algunas gestoras podrían llegar a controlar tres planes y otras solamente uno.

Con todo, lo que maneja el Gobierno es que al menos haya una decena de firmas encargadas de los activos, pero no más, según coinciden varias fuentes financieras.

Siguiente nivel

Una vez conformado ese primer nivel general de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, y como dice el anteproyecto de Ley, podrán integrarse en estos fondos los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y los planes de pensiones de empleo simplificados.

Es decir, que bajo un mismo fondo, elegible a petición propia, podrían adherirse decenas o cientos de planes de los distintos sectores y colectivos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que incluye 538 clases.