La inflación es conocida como el impuesto de los pobres porque se ceba en aquellos que no pueden incrementar sus rentas en la misma proporción que los precios. Este axioma se está cumpliendo en este 2022. En julio, el IPC subió un 10,8%, una cifra que no se veía desde septiembre de 1984 y que hunde el poder adquisitivo de los españoles, cuyos salarios están muy lejos de estos incrementos.
Así lo prueban los datos del Ministerio de Trabajo. Hasta julio, los salarios por convenio han subido un 2,5% de media. Es decir, que la inflación ha crecido cuatro veces más que los salarios.
De hecho, si se hace un análisis pormenorizado, en ninguna región el incremento salarial evoluciona al mismo nivel que los precios. En País Vasco, la autonomía en la que más han aumentado los salarios, los sueldos solo han subido un 5%. Una cifra que no supone ni la mitad del incremento de la inflación.
De esta manear, la subida salarial hasta ahora está muy lejos de generar los temidos efectos de segunda ronda que podrían agravar la inflación. Sin embargo, también está un punto por debajo de lo que habían reclamado los sindicatos en la negociación del Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC), para el que no habido un pacto entre trabajadores y patronal.
Los sindicatos han iniciado una campaña de movilizaciones en defensa de la mejora de los salarios. Las organizaciones de trabajadores no renuncian a sus reclamaciones de que los convenios colectivos incluyan cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante los elevados niveles de inflación.
Se trata de una condición que la CEOE no acepta (en cambio, el 3,5% de subida salarial sí), que se niega a someter las subidas salariales a los precios, por los riesgos que ello entraña para la economía.
Precisamente, por esta pérdida del poder adquisitivo, las familias españolas tienen oscuros augurios sobre la economía. Según un reciente artículo del Banco de España, las familias ya anticipan frenar su consumo en los próximos meses y perder ahorro.
¿Las causas? Precisamente, la presión inflacionista y el coste de la energía particularmente. Así, anticipan una evolución menos favorable de sus rentas, de su posición patrimonial y de la situación económica general que antes de la guerra.
Además, la percepción de los hogares acerca de su acceso al crédito también se ha deteriorado desde el inicio de la guerra en Ucrania.
La inflación se ceba con los más vulnerables. El informe apunta que ante el aumento del gasto en energía consumida en el hogar, las familias con un colchón modesto de liquidez han reducido el gasto en otros bienes.
Estas familias son, mayoritariamente, las de rentas bajas. En contraposición, los hogares que disponen de un mayor colchón de liquidez no han modificado de forma sustancial sus niveles de gasto en otras partidas, que habrían financiado mediante una reducción temporal de sus tasas de ahorro.
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