La guerra de Yolanda Díaz contra la CEOE agranda la brecha entre Pedro Sánchez y los empresarios
Los ataques de la vicepresidenta a las empresas se recrudecen con la inflación y ante la proximidad de negociar la subida del SMI.
27 agosto, 2022 02:28La tensión entre el Gobierno y la clase empresarial en los últimos meses es una constante. El anuncio y el inicio de la tramitación de los nuevos impuestos a los sectores energético y bancario han multiplicado las tiranteces entre el Ejecutivo y la CEOE. El vaso amenaza con colmarse, sobre todo tras los ataques de Yolanda Díaz a la patronal, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha cargado contra la CEOE esta semana. Las causas no son nuevas: se pone del lado de los sindicatos en sus reclamaciones salariales. Pero Díaz, en esta ocasión, ha ido un paso más allá al respaldar las movilizaciones que los trabajadores han anunciado contra la CEOE.
Reclamó a la patronal "que se comprometa con su país". "El señor Garamendi sabe perfectamente lo que está pasando. Bloquear la negociación de los convenios colectivos no es una buena receta para un país que hoy no necesita que los trabajadores pierdan poder adquisitivo", añadió.
Tanto en público como en privado, las palabras de Díaz no han gustado entre los empresarios, que lamentan el cambio de paso del Gobierno. El Ejecutivo ha pasado de considerar a las empresas como aliados para salvar al país durante lo peor de la Covid-19 a "atacarnos como si fuéramos parte de las causas de la crisis que sufre España", lamenta un miembro de la directiva de la patronal.
"Hay poca empatía hacia las empresas", opinó este viernes Salvador Navarro, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación de Empresas de la Comunitat Valenciana (CEV).
Resaltó, de hecho, la "arrogancia" que ha mostrado Díaz en sus últimas declaraciones contra la CEOE. "Son mensajes demagógicos. Este país es de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, no de grandes corporaciones. Esta es la realidad".
Esta visión la comparte otro vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. El también presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) consideró que las declaraciones de Díaz "entran más dentro de una campaña electoral personal que en otras cosas". Amor se refiere a los actos que ya ha protagonizado la vicepresidenta en el marco de su plataforma 'Sumar'.
Voces cercanas a la directiva de la patronal aseguran que esta situación dinamita la relación entre CEOE y Gobierno. La buena disposición para el diálogo y el acuerdo que en los últimos tres años han venido mostrando Antonio Garamendi y los suyos se está quebrantando.
Los desencuentros alcanzan su clímax con las palabras de Díaz en un momento muy delicado para el Ejecutivo.
Más allá de la crisis económica generada por la inflación y la guerra en Ucrania, el Gobierno tiene pendientes importantes negociaciones en las que tiene que participar la patronal. Entre ellas, la segunda parte de la reforma de las pensiones, el estatuto del becario e incluso un pacto de rentas que cada vez está más lejos de poder realizarse.
Tampoco Sánchez ha hecho esfuerzos para tratar de volver a ganarse a los empresarios. Con el inicio de los dos últimos cursos políticos, entre finales de agosto y principios de septiembre, el presidente del Gobierno protagonizó un acto especial al que invitó a los principales empresarios y CEO del Ibex 35.
Este año no hay ni rastro del mismo, al menos a cierre de este artículo. Según ha podido saber este periódico, por lo pronto Moncloa no tiene previsto ningún evento semejante la próxima semana. Y la cúpula de la CEOE no ha recibido invitación alguna para ello.
La situación no es cómoda para el propio Garamendi ni para su junta directiva. En los próximos meses se agota el mandato del vasco, que se espera que renueve como presidente de la CEOE. En este contexto, está obligado a sostener una postura dura ante los ataques del Ejecutivo.
Con todo, que la brecha entre Gobierno y CEOE se haya agrandado no significa que las relaciones se vayan a romper. La patronal, como agente social, se va a seguir sentando en las mesas de negociación y mantendrá su participación en los actos oficiales que corresponda.
Un ejemplo es el viaje de Pedro Sánchez por Latinoamérica. Entre la comitiva que le acompaña se encuentra Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE.
En cualquier caso, parece que el Gobierno se ha puesto del lado de los sindicatos en la batalla salarial que se está librando, una situación en la que los trabajadores consideran que la culpa es de la CEOE.
"La situación en la que nos ha metido CEOE es difícil de mantener. Ellos son los responsables de que no haya habido acuerdo general en los convenios, que están atascados en la actualidad, y los culpables de que la sociedad se movilice este otoño para conseguir un acuerdo que nos permita que los convenios mantengan su poder adquisitivo", afirmó Pepe Álvarez, secretario general de UGT, este viernes.
La falta de consenso para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que marca las subidas salariales mínimas por convenio, es evidente. Lo que les separa no son los porcentajes en los que tendrían que subir los sueldos sino que los sindicatos exigen unas cláusulas salariales ligadas a la inflación que la patronal se niega a aceptar.
Pese a ello, otra importante negociación se asoma en el futuro del Diálogo Social que forman Gobierno, patronal y sindicatos. El viernes se reúne la comisión de expertos en la que se empezará a tratar cuánto tiene que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023.
El Ministerio de Trabajo ya ha dejado claras sus intenciones: que suba "más que nunca". De hecho, la idea que la propia Díaz puso sobre la mesa esta semana es que se irá "más allá de la senda del 60% del salario medio en España".
Se trata de un detalle que también confirman fuentes del departamento que dirige Díaz. "Tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo", enfatizó la ministra.
En cualquier caso, y pese a que se consulte a patronal y sindicatos, cabe recordar que decidir la cifra final del SMI (que hoy está en los 1.000 euros al mes en 14 pagas) es una prerrogativa del Gobierno. Por tanto, la decisión final quedará en manos del Consejo de Ministros.