Recordemos en qué consiste el MEI. Básicamente, es un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6% que durará unos diez años a partir de 2023 y hasta 2032, y que estará financiado principalmente por las empresas.

Los fondos recaudados irán a parar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Si se cumplen los pronósticos y no hay desviaciones al alza en el gasto en pensiones, los millones recaudados servirán para reducir el pago de cotizaciones o subir pensiones. 

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Sin embargo, en caso de que sí haya una desviación en el gasto en pensiones al alza, se usará el Fondo de Reserva (con un límite del 0,2% del PIB) para compensarlo. Si dicha desviación se dispara y no se puede cubrir así, la Ley deja en manos de un acuerdo con los agentes sociales, que se elevaría al Pacto de Toledo, las fórmulas para incrementar los ingresos y resolver la situación. 

Esto no le gusta a Bruselas. Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, los servicios de la Comisión Europea consideran que esta fórmula, que viene a sustituir el factor de sostenibilidad que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy, no conseguirá compensar la subida prevista de las pensiones. 

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"Las autoridades españolas han proporcionado estimaciones según las cuales sustituir el factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional sería neutral desde el punto de vista fiscal. Pero los servicios de la Comisión consideran que probablemente provocará un aumento significativo del gasto público como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo", señala Bruselas, generando "un agujero presupuestario significativo".

En el Gobierno consideran que el problema estriba en que el modelo que quiere Bruselas es automático. Y, en cambio, el que está suscrito en la Ley es semiautomático y puede depender de las decisiones del Gobierno de turno cuando se produzca un problema. 

Por ello, el equipo de Escrivá se ha abierto a introducir cambios que permitan satisfacer a los técnicos de la Comisión Europea, algo que se plantea hacer antes de que termine 2022.

Técnicos de la Comisión Europea que, precisamente, visitan esta semana Madrid para analizar los últimos cambios aprobados en el ámbito de Seguridad Social: la nueva cotización de los autónomos y los planes de pensiones de empleo. 

Cabe recordar que el MEI es uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de cuyo cumplimiento dependen los fondos Next Generation. 

Pero no solo Bruselas pide reabrir este melón. En la segunda fase de la reforma de las pensiones, que se está negociando con sindicatos y patronal, el MEI también está sobre la mesa. Lo ha puesto Comisiones Obreras (CCOO), que ha reclamado que la subida de las cotizaciones se mantenga más allá de 2032, hasta 2050.