Según indica la documentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Gobierno tiene previsto abordar al menos 100.000 casos de discriminación de género a través de la Inspección. Esta cifra supone casi el triple de lo que había previsto ejecutar este 2022, de 35.500. 

Con estas acciones, el Ejecutivo pretende combatir la desigualdad laboral por razón de género. También se van a disparar las acciones en cuanto al control y vigilancia contra el fraude salarial, tanto en casos de impago como en retrasos, con "especial atención al salario mínimo interprofesional". 

[La inspección laboral aflora 214.646 empleos y recauda 1.873 millones en 23 meses de campaña contra el fraude]

En este caso, la ambición del Ministerio de Trabajo es la de lograr recuperar para los trabajadores alrededor de 30 millones de euros en salarios. 

También se van a incrementar las acciones orientadas al control de la economía irregular, sobre todo en el caso de trabajadores extranjeros. Habrá al menos 200.000 visitas a centros de trabajo por esta causa, un 30% más que este año. 

Por otro lado, pese a que las empresas ya no pueden pedir expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) Covid, ello no implica que la acción de la Inspección en estos casos se frene.

Según la documentación del Gobierno, durante 2023 se investigarán al menos 3.000 casos de ERTE Covid en los que las empresas se exoneraron de cuotas sociales. ¿La razón? Contrastar que las empresas han cumplido las obligaciones requeridas (como la cláusula de mantenimiento del empleo) para poder disfrutar de esos beneficios. 

Reforma laboral

Según el Ministerio de Trabajo, la gestión de la Inspección también se centrará el próximo año en abordar dos cuestiones que introducen precariedad en el mercado de trabajo español a través del fraude y que la reforma laboral no ha podido ajustar. 

Se trata del uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y del de fijos discontinuos. En este último caso, por la importancia creciente que ha ganado este tipo de contrato tras la reforma legislativa de este año. 

Además, se va a potenciar la colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para controlar "el posible fraude en prestaciones por desempleo" y se intensificarán "las actuaciones en materia de vigilancia y control de las bonificaciones en materia de formación profesional para el empleo".

Para todo esto, el Ministerio indica que se potenciará el uso de las nuevas tecnologías, la automatización y el big data, similares al algoritmo que ya se está usando para cazar a las empresas que hacen fraude con las horas extra.