La cantidad, en concreto, sería de unos 392.243 millones de euros... como mínimo. Para tratar de dar una dimensión adecuada a esta cifra, cabe decir que esta cantidad es el equivalente al 26% del PIB español de este año (más de 1,2 billones de euros). 

La cifra surge de sumar el gasto aproximado para pensiones en los próximos dos años. En 2023, el propio Gobierno prevé que la partida destinada a pensiones esté en los 190.687 millones de euros, una subida de más del 11% respecto a 2022. Este incremento del gasto contempla tanto la llegada de nuevos pensionistas al sistema como el aumento de las prestaciones, ya indexadas por Ley a la inflación anual. 

El Ministerio de Hacienda, en el proyecto de PGE de 2023, baraja que la subida será del 8,5%. Sin embargo, su responsable, María Jesús Montero, aseguró que se aplicarían los incrementos necesarios si el aumento anual de la inflación es mayor que este porcentaje. Es decir, que la partida para pensiones del próximo año podría ser todavía mayor. 

¿Qué pasará en 2024? La inflación seguirá siendo relevante. El Banco de España espera que esté en el entorno del 5,7%. Esto significa que las pensiones subirán en esta misma proporción. 

Según los cálculos realizados por EL ESPAÑOL-Invertia, el incremento del gasto en pensiones tendrá que ser de cerca de 10.900 millones. Y eso sin sumar los trabajadores que se jubilarán y empezarán ser pensionistas en 2024, con protagonismo para los baby boomers. 

Por ello, como mínimo, el gasto en pensiones se elevará a los 201.556 millones de euros y será un nuevo récord para esta partida. Se trata de un incremento que, además, llegará impuesto al nuevo Gobierno que se forme tras las Elecciones Generales que se tendrían que celebrar a finales del próximo año. 

Será así porque el Gobierno no tiene intención de cambiar la reforma legislativa que el Congreso aprobó a finales de 2021. Una ley que, entre otras cuestiones, incluye que la obligación de que las pensiones se suban anualmente en la misma proporción que el IPC anual medio que se calcule en noviembre del año anterior a aplicar el aumento.

Se trata de una medida que era compromiso del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y que, a pesar del impacto de una inflación disparada y desconocida durante décadas, no se plantea modular o cambiar. 

Sin embargo, tampoco está claro que el Partido Popular vaya a hacerlo. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no aclara cuál es la postura de su formación sobre cómo se tienen que revalorizar las pensiones. Sus críticas se dirigen no tanto a los aumentos de estas prestaciones como a la falta de medidas que puedan asegurar su sostenibilidad y la de la Seguridad Social, sobre todo de cara a la Comisión Europea.  

Lo cierto es que no son los únicos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya ha alertado de que el nivel actual de gasto público no podrá mantenerse mucho tiempo a la luz de los ingresos que está obteniendo el Estado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en Álava, este viernes. Iñaki Berasaluce / Europa Press

Además, ha alertado de que la partida destinada a pensiones "ha crecido a un ritmo medio anual de cuatro décimas de PIB durante el último lustro, pese a que todavía no ha comenzado la jubilación de los baby boomers". 

La medida de vincular las pensiones a los precios ha generado mucha controversia entre los economistas. Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, se ha mostrado crítico con la medida dadas las dificultades para que los salarios crezcan al mismo ritmo que los precios, desequilibrando la balanza de ingresos (por cotizaciones) y gastos. 

En este sentido, el equipo dirigido por Toni Roldán en EsadeEcPol ha propuesto que la revalorización de las pensiones deje de ser universal y se divida en cuatro tramos, de manera que la subida sea completa solo para los pensionistas con menores ingresos.

Con esta fórmula, el incremento del gasto por la revalorización se reduciría a 6.890 millones, un 44% menos. 

Equilibrio

El problema está en que toda subida que se aplica a las pensiones es estructural, y el equilibrio entre gastos e ingresos en la Seguridad Social es precario. Pese a que los ingresos previstos por cotizaciones sociales van a crecer un 8,4% en 2023 y superar los 152.000 millones de euros, esta cantidad sigue sin abastecer del todo a la Tesorería, que además se tiene que hacer cargo de otras prestaciones como el ingreso mínimo vital (IMV). 

Y ello a pesar de que aquí se incluyen medidas como el incremento de la base máxima de cotización en la misma medida que la inflación (para compensar la subida de las pensiones) y la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que está siendo discutido con Bruselas, destinadas para aumentar los ingresos. 

Pese a ello, el déficit de la Seguridad Social se está reduciendo y está en el 0,5% del PIB. Ello es gracias a las aportaciones directas del Estado por gastos considerados impropios de la Seguridad Social, una transferencia que en 2023 se elevará a los 38.904 millones de euros.