La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha levantado la voz: los cambios acordados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF la semana pasada para flexibilizar las pruebas de promoción interna tendrán consecuencias funestas. "Supondrán el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una Función Pública altamente cualificada, independiente y profesional", advierten.
Conviene recordar que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos revisa y actualiza los criterios en los procesos de promoción interna a los que se presentan los empleados públicos para mejorar su carrera profesional. También implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario.
La Asociación de Inspectores de Hacienda ha expresado su "profunda preocupación" ante el contenido de este acuerdo. Por eso, ha remitido varias cartas a responsables del Ministerio, entre ellas a la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. En las misivas les advierte del "disparate e incoherencia" que suponen los cambios introducidos en el sistema de promoción interna.
Falta de diálogo
La IHE denuncia en sus cartas "la falta de diálogo y a la unilateralidad que han presidido este acuerdo". Y lamenta que no se haya tenido en cuenta todo el espectro de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), sino sólo una parte de ellos.
Se queja, además, de que no se han atendido las peticiones de participación de los cuerpos superiores en el proceso de modernización de la Función Pública y de que el acuerdo "conculca" los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
"A pesar de mencionarse hasta la saciedad, no se respetan en un proceso que esconde una evidente discriminación y un absoluto desprecio por el esfuerzo del candidato, llegando a degradar hasta puntos insospechados la exigencia en la preparación técnica del futuro funcionario", denuncian los inspectores de Hacienda del Estado.
Asimismo, la Asociación de Inspectores de Hacienda critica "la falta de transparencia" de los futuros criterios de selección contenidos en el acuerdo, en el que priman "elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección".
"La modernización no puede derivarse de un proceso que tendrá en cuenta unas pruebas como las propuestas, básicamente de tipo test y de evaluación de competencias no especificadas, y basado en una gestión ineficiente del gasto público sin precedentes, por cuanto parte de los candidatos formados con dinero público por la AGE, en la segunda fase nunca serán seleccionados", argumentan.
A su juicio, el acuerdo alcanzado rebajará el nivel de preparación técnica, lo que deja entrever "una obsesión desaforada por cubrir el número de vacantes, aunque los candidatos no obtengan el nivel suficiente".
Reunión urgente
"Primar la cantidad frente a la calidad redundará en un peor servicio público que, en el ámbito de la Agencia Tributaria, se traducirá, sin duda, en una minoración de los ingresos públicos tan necesarios en el proceso de recuperación de la situación económica derivada de la Covid-19 y de la crisis energética y económica actual", advierte la asociación.
Alega, además, que el acuerdo no soluciona el doble problema de reducir la edad media del funcionario y aumentar la plantilla de la AGE. Al mismo tiempo, denuncia que, en el ámbito de la AEAT, "bajo el paraguas de la modernización, de la democratización y de la agilidad de las pruebas, se atisba un ansia desmedida manifestada hace años por "colonizar la Administración" -la parte política- y sumar afiliados en puestos relevantes, con el sólo objetivo de recuperar un peso sindical que veían peligrar en los últimos años".
Por todo ello, la IHE solicita una reunión urgente con los responsables del Ministerio y de la AEAT en la que pedirá la ruptura de ese acuerdo y "la vuelta a la senda del diálogo, el consenso y la democratización del proceso de repensar la Función Pública".
De no atender sus peticiones, la IHE ha advertido de que tomará todas las medidas oportunas y a su alcance "para evitar la muerte" de la Función Pública.