María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, durante su visita a Santander de este miércoles.
La subida salarial no apacigua a los funcionarios: nueva revolución por el sistema de ascensos y la falta de personal
Los procesos de promoción interna tendrán menos temario y serán tipo test.
17 noviembre, 2022 04:07Hace solo unas semanas el Gobierno cerró un acuerdo con los sindicatos de Función Pública en el que se pactaron las alzas salariales para los próximos años. Parecía que el Ministerio de Hacienda y Función Pública firmaba una paz duradera con los trabajadores públicos. Sin embargo, los funcionarios vuelven a estar 'revolucionados' contra María Jesús Montero. ¿Las causas? La nueva fórmula para los ascensos y la falta de personal en varios departamentos del Estado.
Curiosamente una de estas causas se pactó con los sindicatos. Se trata de la reforma de los procesos de promoción interna, la fórmula para ascender dentro de la Administración Pública. Hacienda acordó con CCOO, CSIF y UGT reformularlos, de manera que tengan menos temario, consistan en una única prueba y sean tipo test.
Los inspectores de Hacienda han desenterrado el hacha de guerra ante esta situación. "Estos cambios supondrán el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una Función Pública altamente cualificada, independiente y profesional", advierten desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
La razón de Gobierno y sindicatos para pactar estas modificaciones es evitar que haya plazas que se queden por cubrir. Sin embargo, los inspectores consideran que el acuerdo "conculca" los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Además, critican "la falta de transparencia" de los futuros criterios de selección, dado que priman "elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección".
Para realizar estos cambios no se ha contado con ninguna de las asociaciones de funcionarios con las que cuenta el Estado. Ni la IHE ni la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (Fedeca), que aglutina a 43 asociaciones de Cuerpos pertenecientes al Subgrupo A1, el más alto de la Administración.
Ante esta situación, la semana pasada, los inspectores enviaron cartas a los responsables de Hacienda y Función Pública, precisamente para reclamar que se revierta la reforma. Según ha podido saber este periódico, el departamento no ha dado respuesta alguna todavía, algo que no ha sentado bien en la IHE.
Gestores del Estado
La Asociación de Técnicos de Gestión del Estado también ha levantado la voz y se ha sumado a las protestas. La reforma de los procesos de promoción interna "es totalmente contraria" a lo que hasta ahora venía contando la Secretaría de Estado de Función Pública a este colectivo.
Los técnicos de gestión razonan que el personal funcionario de Subgrupo A1 es el que "traslada a los cargos políticos cuáles son las reglas de juego con las que pueden actuar". Y, para ello, "es necesario que dicho personal tenga un nivel de conocimiento exhaustivo", indican en un comunicado.
En este sentido, "si se reduce el nivel de exigencia en cuanto al estudio y la acreditación de su conocimiento, dicho personal no podrá ejercer bien su función, fruto de su desconocimiento y desprofesionalización".
Pero los incendios entre el Gobierno y los funcionarios no se quedan en los cuerpos superiores. De hecho, está claro que el acuerdo salarial no ha apaciguado las reclamaciones de los sindicatos de función pública.
Una manifestacion de CSIF, en Madrid.
Es el caso de CSIF, que este miércoles convocó una concentración ante la Dirección General de Agencia Tributaria (AEAT) para protestar por la falta de personal. Concretamente, los trabajadores denuncian un déficit de 5.000 empleados en la AEAT.
Con todo, tras la concentración, la dirección de la propia Agencia ha convocado la mesa de negociación para tratar estas reclamaciones.
Los sindicatos (en este caso, tanto CSIF como CCOO y UGT) también protestan por la situación de la Seguridad Social y las escasas manos para gestionar las prestaciones, particularmente el ingreso mínimo vital (IMV).
Denuncian que "esta prestación, con vocación de permanencia, está gestionada, además del personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos que precipitadamente se contrataron para dedicarse a ello en exclusiva. Interinos para los que el Ministerio no tiene nada previsto cuando termine su contrato, produciéndose el cese como muy tarde en septiembre de 2023, perdiéndose su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos".
Problemas
Cabe recordar que el IMV arrastra problemas desde su origen para la gestión y tramitación de las solicitudes de potenciales beneficiarios. Para abordar la bolsa de expedientes pendientes de abordar, además de los interinos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ideado una oferta de horas extraordinarias que los sindicatos califican como ilegal.
Ante este "caótico escenario" los sindicatos han llamado a una concentración el próximo 18 de noviembre frente al Ministerio que dirige José Luis Escrivá. Más madera para un incendio, el de las protestas de funcionarios, que el Gobierno no termina de controlar.
