El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una reunión con miembros del Gobierno.
El Gobierno asume que la CEOE no pactará la reforma de las pensiones y confía en acordarla con los sindicatos
Con todo, el Ejecutivo está esperando a que la patronal se estabilice tras sus elecciones para retomar las negociaciones del Diálogo Social.
18 noviembre, 2022 03:18El Diálogo Social lleva semanas con las mesas de negociación suspendidas, o con escasas reuniones. Las elecciones para la presidencia de la CEOE han llevado al Gobierno a frenar las negociaciones con los agentes sociales. El Ejecutivo prefiere esperar a que se termine de resolver y cerrar el futuro de la patronal, hoy liderada por Antonio Garamendi, que se ha presentado para su reelección.
Cuando pasen los comicios (que se celebran la próxima semana) se recuperarán los temas pendientes, como el estatuto del becario y particularmente la reforma de las pensiones. Aunque en el Ejecutivo consideran que el acuerdo con la CEOE es prácticamente imposible. O al menos muy difícil de lograr.
La reforma que se quiere cerrar antes de que termine el año aborda particularmente dos cuestiones: el incremento de las cotizaciones y de las pensiones máximas y la reformulación del periodo de cálculo para adaptarlo a las nuevas carreras laborales.
[Escrivá aprobará la reforma de las pensiones por decreto ley para que entre en vigor el 1 de enero]
Por lo pronto, la subida de las bases de cotización y pensiones máximas, también conocido como destope, es la medida de la que más información se conoce. Lo que se ha planteado hasta ahora es elevarlas un 30% de manera progresiva durante 30 años.
Con todo, esta idea se puso sobre la mesa en 2021 y nunca negro sobre blanco de manera oficial. A día de hoy el Gobierno no ha hecho ninguna oferta formal.
Así lo confirmaron este mismo jueves desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el departamento insisten en que solo se están produciendo contactos informales con los agentes sociales, pero sin ningún intercambio de documentos, solo ideas de las que ya se verá qué se plasma y qué no.
En esta cuestión, según indican fuentes del Diálogo Social, en el Ejecutivo ven posible el acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Sin embargo, consideran complicado que el pacto se pueda alcanzar con la CEOE a diferencia de la reforma de las pensiones abordada el año pasado.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este jueves.
La causa es que los empresarios están cerrados en banda en esta cuestión. ¿La razón? Según explican desde el Diálogo Social, el coste que tendrían que asumir las empresas por la subida de cotizaciones en los salarios más elevados.
Precisamente, la subida de las cotizaciones fue la razón por la que los empresarios rechazaron el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que no es más que un incremento de las cotizaciones (que pagarán principalmente las empresas) durante 10 años. Se activa en 2023, durará hasta 2032 y su recaudación servirá para cubrir el Fondo de Contingencia de la Seguridad Social.
Al menos por ahora. A día de hoy el equipo de José Luis Escrivá negocia con la Comisión Europea potenciales cambios en el mecanismo. Bruselas reclama que se amplíe el periodo de vigencia del MEI y España no descarta reformas en esta dirección.
Una ampliación del periodo de vigencia contaría con el beneplácito de los sindicatos, que también darían el visto bueno a un incremento progresivo de las cotizaciones y de las pensiones máximas. Con todo, insisten en que todavía no conocen la propuesta concreta, por lo que su postura todavía provisional.
Por ahora Escrivá no ha desvelado prácticamente nada sobre cuáles son sus planes concretos para el periodo de cómputo de las pensiones. Por lo pronto, la idea del ministro es que la reforma permita elegir a los trabajadores sus mejores años de cotización para el cálculo de la prestación.
Pero el plan concreto todavía no se conoce. Tanto UGT como CCOO insisten en que se opondrán a cualquier iniciativa que, de alguna manera, suponga una reducción futura de las prestaciones.
Esta segunda fase de la reforma de las pensiones es uno de los compromisos alcanzados con Bruselas, y debería estar aprobada antes de que acabe el año. El Gobierno cuenta con que sea así.
Para ello va a utilizar como vehículo legislativo el real decreto ley, que permite que una norma entre en vigor solo con la luz verde del Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, el aval del Congreso puede llegar más tarde. ¿Contará la reforma con el apoyo de los agentes sociales? En unas semanas esta incógnita quedará despejada.
