Cabe recordar que el Banco de España, en un informe de hace dos meses, avisó de que elevar el periodo de cómputo de las pensiones reduciría las prestaciones. Con todo, este estudio abordó el paso de los 25 años hasta los 35 (más que lo que está planteando el equipo de Escrivá y sin introducir ninguna otra variable compensatoria), un cambio que supondría un recorte de las futuras prestaciones del 8,2%.

En el caso del aumento del periodo de cotización de 25 a 30 años para el cálculo de la pensión, que es lo que maneja Seguridad Social, la posible pérdida de prestación que sufriría un pensionista se compensaría eliminando de este cómputo los dos peores años de cotización. Así, el efecto sería neutro. Presuntamente.

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Este es el argumento que, según UGT, habría dado el equipo de Escrivá a los agentes sociales. Pero, precisamente por ello, su secretario general, Pepe Álvarez, no comparte que la medida se tenga que llevar a cabo.

"No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde (con esta propuesta de ampliación del periodo de cálculo) que lo deje como está", opinó Álvarez este martes en Radio Nacional de España.

El homólogo de Álvarez en Comisiones Obreras, Unai Sordo, comparte su criterio. Admitió ayer que esta medida es la "más problemática" de toda la reforma y no la considera necesaria. Entre otras cuestiones porque todavía no ha culminado el último aumento del periodo de cómputo de las pensiones (que se aprobó en 2011, cuando se elevó a 25 años).

Además, duda de que vaya a haber "consenso político" para impulsarla, algo que los partidos del Congreso, aliados del Gobierno de coalición se han esforzado en demostrar en las últimas horas. 

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (i) y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique (d), en el Congreso. Jesús Hellin / Europa Press

La posición de Unidas Podemos, dentro y fuera del Ejecutivo, ya ha sido adelantada por este periódico, y Pablo Echenique, portavoz parlamentario de los morados, la ratificó este martes.

"No estamos a favor de un aumento en el periodo de cómputo. Porque tal y como lo plantea el ministro supondría una rebaja en las pensiones de determinadas carreras profesionales. Es innecesaria y no estamos a favor de un aumento en el periodo de cómputo".

Fuentes parlamentarias de ERC y EH-Bildu ya han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que rechazarán cualquier propuesta que suponga la reducción de la pensión, y consideran que la ampliación del periodo de cómputo podría tener esta consecuencia. Esperarán a conocer los detalles concretos de la propuesta para tomar una determinación. 

Íñigo Errejón no necesita la letra pequeña para cargar contra la propuesta de Escrivá. El líder de Más País opinó en el Congreso que la medida supone "un endurecimiento del acceso a la jubilación. Es el camino directo para empobrecer a los pensionistas de mañana". 

Cotizaciones máximas

En cambio, las formaciones aquí mencionadas (y los sindicatos) sí que están de acuerdo la otra pata de esta reforma de las pensiones de Escrivá: el incremento de las bases de cotización máximas. 

La propuesta de Seguridad Social también incluye indexar las bases máximas de cotización a la inflación y subirlas anualmente por ley, igual que las pensiones.

A esto se sumaría un incremento adicional anual de la base máxima de cotización de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. 

Obviamente estas ideas no gustan a la CEOE. "De entrada no vemos que pueda dar lugar a acuerdo. Además, la oferta llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político", indican desde la patronal.

Tampoco en el ala derecha del Congreso ha sentado bien la propuesta, en general. "Esto es un disparate y muestra la negligencia supina del Ministerio de Escrivá al frente del sistema español de pensiones", subrayó este martes Edmundo Bal, portavoz parlamentario de Ciudadanos.

Mientras, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, recordó que el Gobierno sabía desde el año pasado que tenía que modificar el cálculo del cómputo de las pensiones, pero lo está haciendo en el último mes, sin apenas "interlocución" con los afectados e "improvisando". 

No le falta razón a Bravo. El cambio en el periodo de cómputo y el resto de la reforma de las pensiones que hoy se está discutiendo (su primera pata se aprobó el año pasado) están incluidos dentro de los compromisos adoptados con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Precisamente por estos compromisos con Bruselas, la reforma tiene que estar aprobada antes de que termine el año. Por tanto, se trata de una negociación para la que la cuenta atrás ya está en marcha. Escrivá ya ha revelado que las medidas se aprobarán a través de un real decreto-ley, por lo que su entrada en vigor puede ser prácticamente inmediata. Pero, pese a ello, este instrumento legislativo tiene que superar la validación del Congreso. 

Vista la situación, parece claro que el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social tendrá que hacer cambios en su propuesta. La próxima reunión con los agentes sociales se celebrará este jueves. Solo entonces sabremos los ases que a Escrivá le quedan en la manga.