Pero los plazos mandan. Por ello, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ha cambiado de opinión y finalmente este proyecto legislativo se va a tramitar como real decreto-ley, para que pueda entrar en vigor de manera inmediata, sin que sea necesaria la posterior convalidación del Congreso de los Diputados. 

Sin embargo, todo apunta a que ni así el Gobierno pueda cumplir con la Comisión Europea. A 2022 ya solo le queda un Consejo de Ministros (aunque nunca hay que descartar que el Gobierno decida organizar uno extraordinario) y, por lo pronto, no está previsto que la reforma de los incentivos a la contratación laboral entre.

[Trabajo pagará 2.500 euros por parado que 'coloquen' las agencias de inserción]

Con todo, en el Ejecutivo todavía no descartan al 100% que la nueva legislación no figure en el orden del día del cónclave ministerial de este martes. En cualquier caso, recuerdan que Bruselas no castigaría un retraso meramente formal de este hito si se aprobara la norma en enero. 

Con estos pronósticos, sería ya el segundo hito que no se pueda cumplir en plazo. Cabe recordar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha abierto la puerta (y entre los agentes sociales se da prácticamente por hecho) a que la segunda fase de la reforma de las pensiones no se podrá aprobar, al menos, hasta enero. 

Agujero negro

Este anteproyecto de ley viene a poner orden en uno de los agujeros negros de las políticas laborales públicas en España: los incentivos a la contratación.

En 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo un análisis de estos beneficios que reciben las empresas a cambio de priorizar la contratación de determinados colectivos. Y la conclusión, tras un estudio que abarcó unos 2.000 millones de euros en incentivos, es la de que "los efectos positivos son modestos y no perduran en el tiempo" . 

Por ello, la institución reclamó redirigir los incentivos a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. 

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz se puso manos a la obra para ello. Con la idea de favorecer a los colectivos vulnerables, los trabajos sobre las políticas activas de empleo comenzaron a finales de 2020. 

Bonificaciones

Uno de los primeros borradores se puso en consulta pública a principios de 2021 e incluía medidas como abonar subvenciones de hasta 9.500 euros a las empresas por cada persona en situación de exclusión social que se contrate de forma indefinida. 

¿Qué recogerá el proyecto final? Por lo pronto, no se tocan los incentivos para la contratación de personas con discapacidad ni sus bonificaciones. Así lo pactó el propio Ministerio de Trabajo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

Por otro lado, fuentes cercanas al texto afirman que el redactado se ha compartido con la CEOE, que ha presentado sus alegaciones y han sido tenidas en cuenta. De hecho, según estas voces, la patronal estaría de acuerdo con el cambio legislativo, pese a que no se ha negociado en el Diálogo Social. .