Con cierto retraso, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto-ley con el que se reforman los incentivos y las bonificaciones públicas a la contratación indefinida. La norma incluye importantes cambios, entre ellos que las empresas que se quieran beneficiar de estas bonificaciones no podrán despedir a los trabajadores contratados durante al menos tres años. 

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "quien reciba el incentivo tiene la obligación de mantener el empleo durante tres años". 

Concretamente, "para los contratos financiados mediante bonificaciones se establece que el empleador deberá mantener en situación de alta, o asimilada a la de alta, en la Seguridad Social a la persona trabajadora contratada al menos tres años desde el inicio del contrato incentivado", según el Ministerio de Trabajo.  

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Si durante este periodo las empresas deciden despedir al trabajador contratado con incentivos públicos, tendrán que devolver las bonificaciones e incentivos al Estado. Es decir, un mecanismo similar a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la Covid y la cláusula que obligaba a mantener el empleo. 

Pero no es la única causa que obligará a devolver las bonificaciones públicas. Las empresas también tendrán que hacerlo si trasladan "su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte del de los Estados miembros de la UE o del de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo".

En este caso, "deberán proceder a la devolución de todas las bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las subvenciones recibidas".

Con estos cambios, el Gobierno se quiere asegurar de que los incentivos y la inversión que se hace en ellos cumplen sus objetivos a largo plazo, tal y como venía exigiendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su análisis de gasto público. 

Jornadas parciales

Además, para priorizar la contratación a tiempo completo, "no se incentivan las jornadas parciales inferiores al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora, salvo en los supuestos de permisos por conciliación".

La norma servirá, así mismo, para la creación de nuevas bonificaciones para colectivos vulnerables. Entre ellos los jóvenes con baja cualificación beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (275 euros al mes).

También habrá una bonificación para la contratación indefinida o incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas, con 138 euros mensuales durante tres años. 

Además, habrá un incentivo por la transformación en contratos fijos discontinuos de contratos temporales suscritos con personas trabajadoras incluidas en el Sistema especial agrario por cuenta ajena. Dará derecho, durante los tres años siguientes, a una bonificación en la cotización de 55 euros por mes, cifra que, en el caso de las mujeres, se eleva hasta los 73 euros por mes.

También hay mejoras en los incentivos para contratar trabajadores mayores de 45 y 55 años y en exclusión.