Yolanda Díaz y Nadia Calviño vuelven a enfrentarse por el salario mínimo a la espera de que Sánchez se pronuncie

¿El debate? Cuánto se tiene que subir el SMI este 2023. El compromiso del Gobierno de coalición (que prometió cumplir con la Carta Social Europea a final de legislatura) es que los sueldos más bajos en España supongan al menos el 60% de salario medio de los españoles. 

¿En qué cifras se traduce esto? Esto generó el primer enfrentamiento, concretamente dentro de la comisión de expertos de la subida del salario mínimo interprofesional, en la que hay representantes del Gobierno y también de los sindicatos (la patronal fue invitada a formar parte de ella, pero descartó esta posibilidad).

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En la cita, los criterios no coincidían. Los representantes de los trabajadores y del Ministerio de Trabajo y los de Asuntos Económicos (el equipo de Calviño) protagonizaron importantes conflictos a colación de cuál tenía que ser el incremento del SMI, según los cálculos de cuál era el salario medio español. 

Esto se reflejó en el informe que finalmente se ha publicado. El texto recogía la conclusión de que el SMI, para llegar al 60% del salario medio, tendría que subir este 2023 entre un 4,6% y un 8,2%. En todo caso, cabe recordar que Yolanda Díaz siempre ha apostado por llevar el salario mínimo por encima de este objetivo, por la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación en 2022. 

Sin embargo, el documento recoge una visión totalmente diferente, la expuesta un anexo elaborado enteramente por el equipo de Nadia Calviño. En él se recoge otra horquilla muy, muy inferior. Concretamente, indica que la subida del SMI tendría que ser, como mucho, del 3% (unos 30 euros) para cumplir el objetivo de llegar al 60% del salario. 

Esta propuesta es incluso inferior a la que ha hecho la CEOE. Pese a su oposición a este tipo de subidas salariales, la patronal ha propuesto una subida del 4%, es decir, unos 40 euros. 

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Desde entonces, la cuestión del salario mínimo permanece encallada. Y con importantes tensiones entre los equipos de Calviño y Díaz, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la negociación interna del Gobierno. 

Por ello, tanto estas voces como los propios agentes sociales afirman que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya tiene esta cuestión sobre la mesa para tomar una decisión. ¿Hacia qué lado se inclinará, hacia el de la moderación de Calviño o hacia el de ir más allá de la meta del 60% de Díaz? Esto todavía es una incógnita. 

A día de hoy, el plan del Ejecutivo es aprobar la subida antes de que acabe el mes de enero. Sin embargo, pasan los días y el anuncio no llega. Solo quedan dos consejos de ministros (el de este martes y el siguiente) este mes.

Con todo, si se llevara a febrero, la subida del SMI podría seguir teniendo aplicación retroactiva hasta principios de 2023.  

Enfrentamientos

Tras el enfrentamiento que protagonizaron por la reforma laboral, la relación entre la vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda nunca ha dejado de ser tensa, debido a que sus visiones sobre determinadas cuestiones son totalmente divergentes. 

Por ejemplo, el pacto de rentas. Tanto Calviño como su equipo no dejan de reclamar este tipo de acuerdo (para el que entienden que el Gobierno ya ha puesto su parte, con las medidas de alivio para familias y empresas y los acuerdos salariales en el sector público), conservándolo en la hoja de ruta del Gobierno. 

En cambio, Yolanda Díaz hace tiempo que da por perdida esta posibilidad e incluso ha afirmado que no se ha puesto sobre la mesa. 

La reclamación de la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo de poner topes en los precios de alimentos también ha tensado la cuerda. Desde el lado del Gobierno que lidera Calviño esta medida no se considera necesaria: su puesta en marcha sería técnicamente muy compleja y podría ser recurrible en los tribunales. 

En todo caso, se considera que hay que vigilar que los comercios trasladen a sus precios la supresión del IVA de los alimentos básicos, algo que se está produciendo, según la información de la que dispone a día de hoy el Gobierno.