El Congreso ha dado luz verde este jueves a la nueva Ley de Empleo. La nueva norma permitirá que Inspección de Trabajo pueda opinar de los Expedientes de regulación de Empleo (ERE).
Las enmiendas al texto introducidas en la Cámara Alta han sido aprobadas sin ningún voto en contra. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la tramitación de esta norma, que tiene como objetivo acercar a España a los niveles de ocupación registrados en Europa. "Esa es la clave de esta norma", ha subrayado Díaz durante su intervención en el Pleno y recoge Europa Press.
La nueva norma transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en una nueva Agencia Estatal de Empleo, lo que prevé permitir una mejor gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico para el erario. A este respecto, Díaz ha reconocido que se trata de un reto elevado, pero considera que es el camino correcto en la transformación de las políticas activas de empleo.
Asimismo, durante su tramitación se incorporó una modificación en el Estatuto de los Trabajadores pactada entre Gobierno y EH Bildu para que Inspección de Trabajo se pueda pronunciar en un despido colectivo o Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Esto provocó una dura reacción de la CEOE y Cepyme, que indicaron que para ellos el Ministerio de Trabajo y Economía Social quedaba "invalidado como interlocutor fiable", al entender que esta modificación era "tramposa y contraria a la buena fe".
Por otro lado, el texto incorpora otra reforma del Estatuto de los Trabajadores para 'blindar' la inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cualquiera de sus cuantías, ya sea en términos mensuales o anuales.
También se aprobó en la tramitación del documento legislativo la elaboración de un plan bienal para el fomento del empleo digno que estará financiado con los Presupuestos Generales del Estado.
En lo que respecta al plan bienal, este se elaborará por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las CCAA y la Agencia Estatal de Empleo y previa consulta de organizaciones empresariales y sindicales.