Los nuevos jubilados cobran un 17% más que los trabajadores con el salario más habitual: 1.764 euros

La pensión media de jubilación está en los 1.371 euros al mes, un 9,8% anual más. Sin embargo, en el caso de los nuevos jubilados del régimen general (que son la práctica mayoría), la paga mensual es todavía más elevada y alcanza los 1.764 euros, según los datos de la Seguridad Social.

Es decir, que los jubilados recién retirados (en este caso, en enero) cobran unos 393 euros al mes más que el resto. Esto agranda la preocupación por la sostenibilidad de una Seguridad Social cuyo principal sustento sigue estando en las cotizaciones que aportan los trabajadores que, con todo, están muy lejos de lo que están cobrando, de media, los nuevos pensionistas. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario más habitual (el mediano) en España (en 14 pagas) está en los 1.506 euros al mes. Esta cifra está un 17% por debajo (unos 258 euros) de lo que están cobrando los nuevos jubilados.

Y se espera que las pensiones de nuevos jubilados sigan subiendo en los próximos meses. Como ya contó este periódico, las nuevas pensiones tienen unas cuantías superiores a las existentes y las pensiones que se dan de baja tienen cuantías inferiores a la media. Es lo que se denomina como el efecto sustitución. 

En 2019, año previo a la pandemia, el impacto del efecto sustitución, según BBVA Research, estaba en el 38%. Es decir, los pensionistas que acceden al sistema causan pensiones un 38% mayores que las de los pensionistas que causan baja en el sistema. Esto tiene que ver con que los nuevos pensionistas tienen salarios y cotizaciones mayores. 

Se trata de una cuestión que va a seguir sucediendo y se va a disparar durante los próximos meses. ¿La causa? A partir de este 2023 comienza el proceso de jubilación de la generación del baby boom. Se trata de los nacidos entre 1957 y 1977, y suponen unos 14 millones de personas.

Su llegada se teme desde las Administraciones Públicas por el impacto que va a suponer para la Seguridad Social por el aumento del gasto que conlleva. 

La llegada de los baby boomers sucede en un momento delicado para la Seguridad Social. Pese a la mejora de los ingresos por cotizaciones (gracias a una mejora del empleo que ya está perdiendo fuerza), la Tesorería rompió su récord de números rojos en noviembre. 

Concretamente, se puso en los 106.176 millones de euros, un incremento anual del 13,1% (12.300 millones de euros) causado por los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social. Unos créditos que están sirviendo para financiar el déficit presupuestario de la Tesorería. 

Todo esto es previo a la importante subida de las pensiones (con el IPC) del 8,5% que se ha empezado a aplicar este 2023. 

De ahí que haya tantos intereses (y esperanzas) puestos en la segunda fase de la reforma de las pensiones (la primera fue la que vinculó la subida anual de estas pensiones con el IPC y puso en marcha fórmulas para acercar la edad de jubilación real a la legal). Pero este cambio legal está atascado tanto en la negociación con los agentes sociales como con los grupos políticos. 

Cabe recordar que José Luis Escrivá ha propuesto elevar las cotizaciones máximas de forma progresiva en las próximas décadas para incrementar la capacidad de financiación de la Seguridad Social. Esta medida tiene el favor de los sindicatos, pese a que varios think tanks denuncian que no resuelve el problema de ingresos de la Seguridad Social. 

[El FMI insta a Sánchez a cuadrar la reforma de las pensiones subiendo aún más las cotizaciones sociales]

La otra idea del equipo de Seguridad Social es elevar el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 30 años, eliminando los dos peores años de cotizaciones. Si bien los sindicatos parecen dispuestos a negociar este último aspecto (con contraprestaciones como reducir el periodo de cotización necesario para acceder a pensión contributiva), Unidas Podemos (parte del Gobierno de coalición) está totalmente en contra de esta medida. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insiste en que espera cerrar un acuerdo en las próximas semanas (ha indicado que se podría cerrar en marzo, como tarde). Sin embargo, fuentes tanto del Gobierno como de los morados niegan que haya habido avance alguno en la negociación. 

Cabe recordar que esta reforma forma parte de los compromisos que España alcanzó con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que debería haberse aprobado antes de terminar 2022.