Con algunos meses de retraso pero con el aval de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros ha aprobado la segunda pata de la reforma de las pensiones. Este jueves, en un cónclave ministerial extraordinario, el Ejecutivo ha dado luz verde al correspondiente real decreto-ley tras pactarse su contenido entre el PSOE y Unidas Podemos y también con los sindicatos CCOO y UGT. 

Con la aprobación del real decreto-ley, la reforma de las pensiones entrará en vigor en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este viernes. Con todo, cabe recordar que todavía tiene que ser convalidada en el Congreso de los Diputados. El Gobierno quiere que esta votación se lleve a cabo antes de que termine marzo. 

Para lograr el apoyo de la Cámara Baja, el Gobierno se ha abierto a hacer ciertos cambios en la reforma, siempre y cuando se convalide el real decreto-ley y que luego pase a tramitarse como proyecto de ley. 

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"Blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros", ha indicado el ministro José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, ha afirmado que no está previsto que la Seguridad Social tenga que recibir aportaciones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente al gasto en pensiones y sus eventualees incrementos. 

También ha puntualizado el efecto de algunas medidas, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MIE). Con este recargo de las cotizaciones (que llegará al 1,2%), el Gobierno estima contar a partir de 2040 con cerca de 130.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de las pensiones. 

Ha matizado que los desembolsos a partir del Fondo de Reserva estarán muy medidos. "La política para ello será flexible pero estará tasada. Serán desembolsos prudentes", dando a entender que el gasto no podrá exceder los ingresos.

Por otro lado, Escrivá se ha mostrado abierto a la futura tramitación del real decreto como proyecto de ley en el Congreso tras su convalidación. Considera que los grupos pueden hacer "mejoras". 

Respecto a las críticas de la CEOE sobre el incremento de las cotizaciones y cómo puede lastrar el empleo, Escrivá ha insistido en que "esta reforma no pone en riesgo la competitividad de las empresas españolas. No es un esfuerzo extraordinario".

De hecho, ha calculado que el incremento de coste laboral medio en España pasará de de 23 ,4 euros a 23, 8 euros para 2050. "Es un pequeño esfuerzo".   

Culminación

Con la aprobación del decreto-ley, el Gobierno culmina la reforma de las pensiones que prometió a Bruselas en el marco de la pandemia. Un conjunto de medidas cuya primera pata se aprobó en 2021 y que es la que ha incluido la revalorización de estas prestaciones con el IPC, medidas para mejorar los incentivos para demorar la jubilación y combinarla con un salario y cambios en la jubilación anticipada. 

También abordaron medidas que poco a poco se han desarrollado, como el fondo público de pensiones y los planes de pensiones de empleo. 

La segunda pata de la reforma es precisamente la que viene a amarrar la sostenibilidad del sistema de pensiones, una de las principales reclamaciones de Bruselas, sobre todo de cara a la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia y con prestaciones más elevadas. 

El Gobierno quiere solventar este problema, básicamente, con un incremento progresivo de los ingresos por cotizaciones, que será principalmente abonado por las empresas.

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Por un lado, va a destopar las bases de cotización máximas a partir de 2024 hasta 2050, de manera que suban al menos un 31%. Y ello sin contar el IPC.

A esto hay que sumar lo que se ha venido a llamar la cuota de solidaridad. Se trata de una tasa que pagarán las empresas sobre "la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización", indican desde Seguridad Social. 

Se comenzará a abonar en 2025, y será del 1%. Irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Queda el recargo de cotizaciones efectuado por el Mecanismo de Estabilidad Generacional (MEI), que es abonado en un 86% por las empresas. 

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Para esta medida, que tiene como objetivo nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de cara a las pensiones de los babyboomers, se prevé ampliar su aplicación hasta 2050 y pasar el sobrecargo en las cotizaciones de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año. 

Con estas medidas completamente desplegadas, el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales para la Seguridad Social correspondientes al 1,2% del PIB, que a día de hoy equivale a unos 15.000 millones de euros anuales. Sumado a la parte de la reforma de las pensiones ya aprobada (como la nueva jubilación anticipada y los incentivos para demorar el retiro), el Gobierno confía en amarrar la sostenibilidad de estas prestaciones. 

De hecho, gracias a estos ingresos, Escrivá no solo no plantea recortes, sino que propone mejoras. La ampliación del periodo de cómputo de las pensiones se queda para 2044, cuando será de 29 años, pero restando los 24 peores meses de cotización.

Seguridad Social argumenta que a los futuros pensionistas les beneficiará este periodo de cómputo, dado que tienen carreras profesionales irregulares. Hasta entonces habrá un sistema dual que combinará esta opción con el plazo actual de 25 años. Los cotizantes podrán elegir la opción que más les beneficie para su pensión.

No es la única mejora que incluyen las nuevas pensiones: habrá incrementos para las pensiones mínimas contributivas y no contributivas (con indicadores que se tendrán que cumplir en 2027).