Como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y obligado por varias sentencias judiciales, el Gobierno aprobó en verano de 2021 una legislación para reducir la interinidad en el sector público y rebajar su elevado índice de temporalidad laboral. Casi dos años después, la estadística demuestra escasos avances en este campo (en comparación con el sector privado) e incluso pequeños retrocesos: los contratos temporales volvieron a crecer en las Administraciones en el primer trimestre de 2023.
Así lo indican los datos del primer trimestre de este año de la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de temporalidad laboral del sector público se situó en el 31,3%, lo que supone 1,1 puntos más que a finales de 2022.
En total, en el sector público hay actualmente más de 1,1 millones de trabajadores con contratos temporales, 37.000 más que en diciembre y más o menos los mismos que cuando se aprobó el real decreto para reducir la temporalidad en las Administraciones.
Estas cifras y esta evolución llaman la atención teniendo en cuenta la guerra que el Gobierno ha desatado contra la temporalidad en el sector privado. De hecho, gracias a la reforma laboral, los contratos temporales en las empresas se han desplomado.
Justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral (en diciembre de 2021), prácticamente el 24% de los asalariados del sector privado tenía un contrato temporal. Hoy esta proporción ha bajado al 13,7%, más de diez puntos menos.
En cambio, en este mismo periodo, en el sector público la curva de descenso es mucho menos acentuada. La temporalidad desciende en sólo poco más de un punto.
Y todo ello en un contexto en el que el empleo público crece el doble que la media nacional. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a abril, la Administración sumó un 2,6% más de ocupados (en términos generales, el incremento de personas que trabajan fue del 1,1%).
Empleo público
En total, el sector público sumó 2,9 millones de puestos de trabajo el mes pasado, 74.551 más que en marzo. Llama la atención que es el Estado el que más crece en puestos de trabajo, con un 6% (24.746 más).
En cualquier caso, está claro que el sector público tiene que ponerse las pilas para solventar el problema de la temporalidad. La ley ya dicta que un puesto laboral de la Administración solo puede estar cubierto por trabajadores temporales por un plazo máximo de tres años.
Para solventar esta situación, que afecta a miles de puestos en las Administraciones Públicas, las administraciones tienen como límite 2024. Las estadísticas indicarán si la tendencia a la temporalidad se acaba revirtiendo, como ya ocurre en el sector privado.