Los sindicatos de la Inspección de Trabajo rechazan la última oferta de Función Pública

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo rechazan la última oferta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y califican como "parche" la propuesta de la cartera de María Jesús Montero. La plataforma sindical tampoco entiende el cambio en la postura de Hacienda después de más de un año y medio de negociaciones.

Las reuniones entre los sindicatos de la Inspección de Trabajo y el Gobierno se han repetido este jueves, a pesar del choque de esta semana entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que responde a cuestiones políticas, según fuentes negociadoras. Tras el encontronazo entre las carteras, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado a los sindicatos la proposición que Función Pública remitió a Trabajo.

Esta incluye la autorización de un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo y una productividad extraordinaria de 6 millones de euros que se suma al acuerdo salarial suscrito entre Hacienda y los funcionarios, con un aumento del sueldo para este año del 2,5%, y que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-24. A eso se añade la tramitación de la Ley de Función Pública en el Congreso, en la que se establece el horizonte de desarrollo profesional reclamado por la Inspección de Trabajo.

Tras conocer esa oferta, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sitss) ha acusado al Gobierno de incumplir sus compromisos y cuestiona su seriedad. El Sitss recuerda que el incremento de plazas ya estaba en la oferta de empleo público, mientras que los 6 millones de euros de productividad extraordinaria se incluían en el presupuesto asignado a la Inspección.

"Nos hemos adaptado a los cambios normativos, nos han incrementado la carga de trabajo, pero el Gobierno no cumple con la estructura necesaria a las líneas de actuación que contempla el propio Plan Estratégico para el 2021 a 2023", recalca el Sitss. Además, denuncia que esa ley solo puede complementar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que reclama la Inspección, pero no sustituirla.

En CCOO, tampoco ha gustado la propuesta de Función Pública, que supone un "parche inservible" para las necesidades de la Inspección. El sindicato denuncia la poca claridad sobre esas 786 plazas, de las que Hacienda no aclara si son de personal actuante o de personal técnico y administrativo.

CCOO ha informado de que tanto los sindicatos de la Inspección de Trabajo, como la Dirección General de la Inspección y el Ministerio de Trabajo, rechazan la oferta del Ministerio de Montero y valoran trasladarle su oposición de manera conjunta.

Conflicto político

Fuentes de la negociación indican que el choque preelectoral entre el Ministerio de Yolanda Díaz y el de María Jesús Montero se debió a cuestiones políticas dentro del Gobierno de coalición, formado por el PSOE, al que pertenece Montero, y Unidas Podemos, el antiguo partido de Díaz. 

La explicación a este enfrentamiento la encuentran en que Hacienda ha resuelto conflictos similares con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ambos del ala socialista del Gobierno. También disculpan a Trabajo del encallamiento de la negociación, al entender que esta cartera contaba con el respaldo presupuestario suficiente para hacer frente a esos cambios.

En Función Pública niegan que se trate de un roce político y mantienen que trabajan "de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios". El objetivo, en este caso, es "ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor".

Paros en la Inspección

La plataforma de sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantiene sus paros por el incumplimiento del acuerdo suscrito el 7 de julio de 2021. La última concentración se ha producido este jueves, 25 de mayo, ante la Dirección General de Función Pública. 

Los sindicatos reprochan al Gobierno mantenerse en el "más absoluto de los silencios" y lamentan que este conflicto se prolongue casi dos años. En concreto, cargan contra Díaz, a quien acusa de no tener "disposición para defender al organismo" y de estar "alejada" durante meses. 

El descontento con su gestión, por la que piden la dimisión de la ministra por "incapacidad e incompetencia a la hora de aportar soluciones", también hace que mantengan las convocatorias de paro. También amagan con una huelga completa y de carácter indefinido. 

CCOO advierte de que el conflicto laboral se recrudece ahora con "una nueva variable que lo transforma en conflicto político". El sindicato valora intensificar el proceso de denuncia.