La obligatoriedad de la Seguridad Social de pedir cita previa para acceder a sus servicios saturó las webs del organismo, sin fechas disponibles, y desembocó en un mercado paralelo de compraventa de citas. La situación saltó al Congreso, con algún rifirrafe entre la oposición y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que tachó de bulo esa exigencia.
Pese al desmentido del ministro, el Consejo Económico y Social (CES) de España, órgano consultivo del Gobierno, también ha llamado la atención sobre este problema en su 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España' de 2022. El CES aprecia "importantes dificultades" en la tramitación de la cita previa e insta a un "refuerzo de la plantilla", con más presencialidad y mayor atención telefónica para garantizar el acceso a las prestaciones.
El presidente del CES, Antón Costas, observa que "está apareciendo un mercado" en la compraventa de citas de atención al ciudadano y alerta de que nunca se había "apreciado nada similar en pequeña corrupción". A Costas también le preocupa que este mercadeo paralelo de un servicio público, ya que puede originar a la Seguridad Social "un problema de imagen, discriminación y desigualdad".
[Escrivá limita a un máximo de 15 minutos las citas para cualquier trámite en la Seguridad Social]
"Que no haya atención personalizada está provocando malestar y una insatisfacción creciente (...) Hay que volver a la presencialidad. Todo ciudadano debe tener derecho a ser atendido de forma presencial", insiste Costas, que no entiende que las oficinas de la Seguridad Social den una atención similar a la época de la pandemia.
El colapso de las citas previas también ha impactado en la gestión de las prestaciones. El CES reconoce la "efectividad" de estas ayudas y prestaciones para combatir el riesgo de pobreza, en concreto, la del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contabiliza, hasta mayo, más de 1,8 millones de beneficiarios y 627.957 hogares cubiertos. Para el CES, el IMV debía garantizar "un nivel mínimo de ingresos en situaciones de vulnerabilidad", pero se ha encontrado con una escasa agilidad en su implantación.
La memoria del CES admite que "la compatibilidad del IMV con el trabajo obliga a mayores esfuerzos en el terreno de la transparencia y la simplificación de la normativa reguladora", y advierte de que esta complejidad "no debería resultar desincentivadora del empleo".
Fin de mes
España vivió en 2022 "una primavera económica inesperada", alejada de una recesión, anunciada en varias ocasiones, que nunca llegó. Pese a ese resumen del año pasado, Costas admite que en 2023 "la economía levanta el pie del acelerador".
Aún así, el presidente del CES cree que la economía española ha dejado atrás su "comportamiento maníaco depresivo" del pasado y refleja ahora un cambio de patrón, encaminada a un crecimiento "más equilibrado en sus fuentes y más inclusivo".
El presidente de la Comisión de Trabajo del CES, Raymond Torres, recuerda también que el 2022 supuso para la economía española "una verdadera prueba de estrés, como consecuencia de la inflación y del contexto global". El resultado, en concreto de la inflación, fue la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que obligó a las familias a recurrir a sus ahorros para mantener el consumo. La Memoria del CES de 2022 se fija también en el aumento de los precios asociados a la vivienda.
El encarecimiento de la vida, tanto por la inflación como por la subida de los tipos de interés, afectó a casi la mitad de los hogares españoles. El 46,5% admite que tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, a lo que se suma que un 8% está en riesgo de pobreza, sobre todo los hogares monoparentales encabezados por mujeres.
La memoria del CES también se fija en la caída del 2,9% en las rentas laborales desde el repunte inflacionista, mientras que los beneficios han subido hasta el 3,1%, en los niveles de 2019. En 2022, el excedente bruto unitario de las empresas explica el 90,7% del aumento del deflactor del PIB, frente a un 10,9% de las rentas del trabajo unitarias y una contribución negativa del 1,6% de los impuestos unitarios netos sobre la producción.
De cara a este 2023, Torres pronostica una "inflación en retroceso", con la posibilidad de que empiece a "aplacarse la inflación en los alimentos". El presidente de la Comisión de Trabajo del CES es menos optimista con la inflación subyacente, ya que su evolución es "mucho más lenta" y "más resiliente", tanto al alza como a la baja.