Sin embargo, ahora que la legislatura se acerca a su fin, no parece que esta meta se haya conseguido. Si bien es cierto que desde principios de 2020 se han creado más de 1,6 millones de trabajos, la inestabilidad en la contratación sigue siendo muy elevada (pese a ser mayoritariamente indefinida) y el poder adquisitivo de los trabajadores se ha desplomado por unos salarios que no han subido en consonancia con la inflación.

El Gobierno presume de la reforma laboral aprobada a principios de 2022 por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el director de Randstad Research, Valentín Bote, cree que los balances gubernamentales de la reforma laboral pecan de "mensajes triunfalistas de objetivo cumplido", sobre todo cuando hay Elecciones Generales (anticipadas) en julio. "Estamos en un contexto en el que se intenta vender que va fenomenal, pero hay casi 3 millones de parados, incluyendo a los fijos discontinuos", sostiene Bote.

Para el economista José Carlos Díez, esta legislatura, más allá de la reforma laboral, ha estado marcada por la pandemia. "Costó mucho arrancar" pero, pese a ello, asegura que el comportamiento del empleo ha sido "muy intenso".

De hecho, la irrupción de la Covid-19 en 2020 provocó una de las mayores crisis económicas en la historia de España. El PIB cayó más de un 11%. En el caso del mercado laboral, 2020 terminó con 622.600 trabajadores menos y 527.900 desempleados más, con una tasa de paro que llegó a superar el 16%. 

Esto motivó la puesta de marcha de diversas medidas pactadas en el Diálogo Social con CEOE y CCOO y UGT para salvar, en lo posible, el empleo y el tejido productivo del golpe que supuso la irrupción del coronavirus.

Entre ellas destacaron los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una fórmula para que las empresas activaran y desactivaran trabajadores incentivadas con ayudas públicas. Mientras, los trabajadores inactivos recibían una prestación y no perdían periodo de protección por desempleo. Tal fue el éxito de los ERTE que se han incorporado de manera definitiva a la legislación laboral.  

Lo cierto, es que tras los sinsabores de la Covid, el mercado laboral se ha recuperado y ha mejorado cifras respecto a los tiempos anteriores a la pandemia. La tasa de paro ha pasado del 14,41% en el primer trimestre de 2020 al 13,26% en los tres primeros meses de 2023, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De hecho, la cifra de parados registrados en oficinas de empleo cayó hasta los 2.739.110 en mayo, la cantidad más baja en este mes desde 2008. Con todo, y pese a estos avances, España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro. Según Eurostat, está por encima del 12%, el doble que la media comunitaria (6%).   

Récord

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha ido en ascenso. En enero de 2020, los cotizantes quedaban por debajo de los 19 millones. En mayo de 2023, España logró un récord de afiliados, con 20.815.399 aportantes.

Así, con el adelanto electoral y la celebración de los comicios en un par de meses, tanto en Trabajo como en la Seguridad Social presumen de los logros de la reforma laboral. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cree que el paro "va a seguir bajando", aunque "con mayor complejidad", porque las cifras de las que se parte ahora son más reducidas. Su homólogo de la Seguridad Social, Borja Suárez, también vaticina que la afiliación alcanzará los 21 millones, aunque sin precisar cuándo.  

Con la reforma laboral, el Gobierno ha querido erradicar los contratos temporales, frecuentes en España por su vinculación a la estacionalidad del sector servicios y de la agricultura, y limitar su uso a causas debidamente justificadas. En su lugar, se potenció el fijo discontinuo, un modelo contractual indefinido que ya existía (era frecuente en Baleares) pero que apenas se utilizaba a escala nacional. 

En enero de 2020, los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contabilizaban 13.862 fijos discontinuos. En marzo de 2022, cuando comenzó la aplicación de la reforma laboral para acabar con la temporalidad, se alcanzaron por primera vez los seis dígitos, llegando hasta los 106.002 contratos fijos discontinuos. El último dato conocido, mayo de 2023, asciende a 234.621.

La recuperación de los fijos discontinuos ha sido una de las principales críticas a la reforma de Yolanda Díaz. El Partido Popular habla de "maquillaje" de datos, por el tiempo en el que esos contratados están en inactividad y aparecen como activos en las estadísticas. Desde distintos grupos de estudio y análisis también se cuestiona el aporte de este tipo de contratos a la reducción de la temporalidad.

Trabajo ha defendido que estos contratos se contabilizan igual desde 1985 y ha alegado las dificultades respecto a saber si un fijo discontinuo está activo o no. Sin embargo, hace unos meses el Ministerio tuvo que dar una estimación, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP. Calculó que en diciembre de 2022 había más de 440.000 fijos-discontinuos inactivos. Y que no figuraban en el paro registrado. La cartera de Díaz sigue trabajando en la depuración del dato y esperan que se cierre en los próximos meses.

Sobre esta cuestión, al igual que el PP, Bote también habla de "maquillaje estadístico". Para el director de Randstad Research, el contrato fijo discontinuo "no ha cambiado las necesidades temporales de las empresas". "Hemos reducido la temporalidad estadísticamente, pero no en el mercado de trabajo", recalca. 

Por su parte, Díez se refiere a los contratados fijos discontinuos como "infraempleados", y recuerda que las encuestas muestran que estos trabajadores querrían trabajar más horas si pudieran. "Están mejor que antes de la reforma laboral, pero siguen siendo precarios", apunta Díez.

Las cifras de mayo reflejan que el 44,25% de todos los contratos fueron indefinidos, frente al 55,75% de carácter temporal. Más allá de esto, los datos de la EPA muestran que en el primer trimestre de 2020 la tasa de temporalidad era del 25,02%, mientras que en el mismo periodo de este año había caído hasta el 17,28%. Es decir, 7,74 puntos menos en tres años. 

Pese a sus discrepancias respecto a la computación de los fijos discontinuos, Bote y Díez coinciden en que este tipo de contratos no ha reducido la precariedad de los trabajadores.

Precariedad

Díez recuerda que los salarios de estos trabajadores siguen siendo precarios, independientemente de su modalidad contractual. Bote precisa que el trabajador que ha pasado de un contrato por obra y servicio a uno fijo discontinuo sigue trabajando los mismos días y, por tanto, "no genera más ingresos".

Además, resalta que estos trabajadores están menos protegidos ante un posible despido. "Los contratos indefinidos incluyen la cláusula de periodo de pruebas, con un despido sin indemnización. Eso quiere decir que se puede despedir a un empleado con 0 días de indemnización, mientras que un temporal tenía 12 días", precisa Bote.

Otro punto que discute el efecto de la reforma laboral o, al menos, la importante generación de empleo de estos años, es el número de horas trabajadas. Este indicador no refleja un cambio sustancial a lo largo de esta legislatura.

Entre enero y marzo de 2020, se contabilizaron 612.752,8 horas trabajadas a la semana. Tres años después y con 1,6 millones de ocupados más, el incremento de horas semanales trabajadas es de sólo un 7,8%, hasta las 660.656,1.

[El algoritmo de Díaz para las horas extra pone en jaque al sector clave de la economía: el turismo y la hostelería]

Díez le resta importancia y comenta que en 2008 también se produjo un ajuste de horas. "Se ha recuperado más tarde, ya está", asegura. El economista prefiere fijarse en otros datos, como la afiliación y la recaudación. Y tampoco cree que la relación entre la recuperación del PIB y la del empleo sea del todo representativa, ya que el crecimiento económico, en su opinión, "no está bien medido".

Por el contrario, Bote se pregunta cómo el número de horas trabajadas no se ha disparado con más de 20,8 millones de cotizantes. "¿Qué está haciendo ese millón de nuevos trabajadores? No tenemos más horas trabajadas que antes de la pandemia", insiste.

Inflación y salarios

Más allá de los contratos, la precariedad ha avanzado por otras vías. Muchos trabajadores han sufrido el incremento de la inflación mientras sus salarios se estancan.

La legislatura arrancó con una inflación en el 1,1% y la pandemia la llevó a terrenos negativos en algunos periodos. Sin embargo, la tregua de los precios se acabó en 2021 y en septiembre ya empezaron las señales de alerta, con un IPC con alzas del 4%. 

El impacto de la guerra en Ucrania sobre los costes de la energía disparó la inflación hasta el 10,2% en junio de 2023 y alcanzó su máximo al mes siguiente, con el 10,8%, moderándose en agosto, con un 10,5%.

Mediante sucesivas medidas públicas para relajar los precios (como las consiguientes rebajas fiscales en el campo de la energía), el pasado mayo el IPC quedó en el 3,2%, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sueldos

El contraste está en los sueldos. En esta legislatura, los salarios pactados por convenio apenas subieron un 1,73% en 2020, un 1,48% en 2021 y un 2,78% en 2022. Las estadísticas de este 2023 ya reflejan una leve mejora, con revalorizaciones que han superado el 3% pero que no alcanzan las subidas de precios en lo que va de año. 

Por tanto, el salario de los trabajadores se ha ido alejando del nivel de vida y su poder adquisitivo cada vez está más mermado por la inflación. 

"La precariedad salarial viene de 2008. No es de este Gobierno. Se ha complicado con la inflación y las personas con salarios precarios han sufrido más", explica Díez.

Para la próxima legislatura, la perspectiva salarial se presenta algo más halagüeña. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), alcanzado en mayo entre la patronal y los sindicatos, contempla alzas del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, respectivamente. 

Además, hay una cláusula de revisión salarial que contempla alzas de hasta el 1% adicional si la inflación rebasa esos incrementos porcentuales en los años correspondientes. No obstante, el AENC es solo una recomendación para la negociación de cada convenio, no es de obligado cumplimiento. 

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Por otro lado, también los funcionarios contarán con mejores sueldos en la próxima legislatura, gracias al acuerdo pactado con el Ejecutivo. En su caso, los salarios recogen este año un incremento del 2,5% y la posibilidad de sumar hasta un 1% más en función del IPC y del PIB. En 2024, los sueldos de los trabajadores públicos subirán un 2,5%, y un 0,5% más según la variación del IPC.

El Gobierno también ha tratado de impulsar al alza los sueldos con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La legislatura terminará con esta renta en 1.080 euros brutos en 14 pagas, desde los 950 euros en los que arrancó en 2020. En esos tres años, el SMI ha crecido un 13,7%.

Con todo, son numerosas las cuestiones que Gobierno de coalición, finalmente, no ha hecho realidad de su programa electoral. Entre ellas destacan el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI y la reforma de la ley de horarios del trabajo que se tendría que haber ejecutado en 2022.

Igualmente, no son pocas las legislaciones que se han aprobado desde 2020, entre las que destacan novedades a escala europea como la Ley Rider (para poner fin al uso de los falsos autónomos entre las plataformas digitales dedicadas al reparto) o incluso la Ley de Empleo, que persigue transformar el SEPE en una suerte de Infojobs público.

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para el objetivo que el Gobierno de coalición se había puesto al principio de una legislatura: acabar con la precariedad laboral o, al menos, ponerle coto de forma efectiva. Aunque serán los españoles, el próximo 23 de julio, los que tendrán que aprobar o suspender esta labor. Para eso están las Elecciones Generales.