Los sindicatos de la Inspección de Trabajo dudan de los roces políticos dentro del Gobierno de coalición. Más allá de qué partido dirige cada ministerio, en su caso, el de Trabajo y Economía Social, de Unidas Podemos, y el de Hacienda y Función Pública, del PSOE, los representantes de los trabajadores insisten en que el Ejecutivo es uno y debe cumplir con su acuerdo para reformar la institución.

Este será el motivo que les llevará a concentrarse este 7 de junio frente a los centros de trabajo de la Inspección en todas las capitales de las comunidades autónomas y a ir a una huelga de carácter indefinido a partir del 26 de junio. El conflicto ha escalado y, además de contar con el impulso de los sindicatos, está respaldado por 50 responsables territoriales de la Inspección. 

El acuerdo se remonta al 7 de julio de 2021 y casi dos años después siguen esperando una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y más recursos técnicos para modernizar la Inspección y adecuarla a sus funciones actuales. Aunque el tiempo de esta legislatura se agota, los sindicatos de la Inspección de Trabajo recuerdan al Gobierno que debe cumplir con su palabra antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales, ya que hasta el día 24 no entrará en funciones.

Autorización de Hacienda

A finales de mayo, los últimos trámites entre Hacienda y Función Pública parecían cerrados, pero "un conflicto a nivel político", como lo calificaron fuentes de la negociación, descarriló el acuerdo. Los sindicatos de la Inspección de Trabajo prefieren apartarse de las tensiones políticas entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque en este momento tienen claro que los obstáculos están en el ala socialista.

La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sitss), Ana Ercoreca, apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia que "parece que el escollo está en Función Pública" y lamenta que la cartera de Montero no les haya llamado para negociar. Sin embargo, en su opinión, eso no le resta responsabilidad a Díaz y sostiene que ambos ministerios deben resolver el conflicto.

Al responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado, Josetxo Gándara, le cuesta creer que dos ministras que se sientan en el mismo Consejo de Ministros tengan esas discrepancias. También le sorprende el "enfrentamiento casi público" y la utilización del conflicto en la Inspección de Trabajo.

"Para nosotros, el Gobierno es uno, más allá de que se pueda juguetear con sensibilidades políticas", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia. Gándara tampoco exime de responsabilidad a la ministra de Trabajo pero, al igual que Ercoreca, insiste en que solo falta la autorización de Función Pública para abordar un gasto ya contemplado en el presupuesto y que no requiere ni modificación normativa ni hipoteca recursos económicos. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (d). Eduardo Parra Europa Press

El responsable nacional de Inspección de Trabajo de CSIF, Miguel Ángel Montero, se muestra más comprensivo con la cartera de Díaz, que "se ha solidarizado" con el organismo, y culpa del estancamiento a "una cerrazón de Función Pública".

"No entendemos el bloqueo de un Ministerio (...). El bloqueo político está claro. Hay presupuesto y Función Pública dice que no lo puede implementar", critica Montero, preguntado por EL ESPAÑOL-Invertia. 

El responsable de CSIF incide en la cuestión política y considera "inadmisible" que otros conflictos similares en la Función Pública se solventaron en apenas de dos semanas, mientras que la Inspección lleva en lucha dos años.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia aseguran que se sigue trabajando, aunque no hayan trascendido avances. Por su parte, la ministra de Hacienda manifestó este martes su voluntad de diálogo.

Fuga de plantilla

Uno de los reclamos de la Inspección es una nueva relación de puestos laborales y una ampliación de la plantilla. El organismo cuenta con unos 3.100 trabajadores, entre inspectores, subinspectores y personal administrativo. Los sindicatos estiman que el déficit global es de unos 1.400 empleados para llegar a un mínimo de 4.500 trabajadores.

La plantilla de la Inspección de Trabajo vive en una "desmotivación generalizada", como reconocen desde CSIF, con un aumento de su carga de trabajo y con una carrera laboral sin un horizonte de crecimiento. Con estas perspectivas, a los sindicatos no les extraña que los trabajadores huyan a otros organismos de la Administración en cuanto se convocan plazas.

"La carrera está cercenada. Un subinspector entra en un nivel 23 y puede desarrollar, como máximo, hasta el 26. Hay poca mejora", explica Montero. 

Gándara coincide en este análisis y agrega que "la falta de carrera emponzoña las estrategias para fidelizar a la plantilla". Su ejemplo es similar al de Montero: "Un subinspector entra con determinadas condiciones salariales y puede jubilares 35 años después casi con las mismas condiciones". 

Además, desde CCOO también hablan de un "efecto llamada" a otros puestos de la Administración, sobre todo entre el personal administrativo, con un "esquema más débil", y una "descapitalización" de la plantilla por la falta de atractivos para permanecer. 

Denuncia ante la OIT

Ercoreca, de Sitss, recuerda que la plataforma de sindicatos de la Inspección de Trabajo está preparando una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por el incumplimiento de los convenios 81, 151 y 87. En el caso del convenio 81, aluden en concreto al artículo 10, relativo al número de inspectores suficiente para el desempeño de las funciones del organismo y de los medios materiales.

Los sindicatos alertan de la falta de personal y de la escasa modernización de la Inspección. El Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 2021 refleja que al cierre de ese año estaban dados de alta 1.411.902 códigos de centros de cotización a la Seguridad Social, sin el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General.

Así, a final de 2021 la ratio de centros de cotización fue de 1.394 centros por inspector de Trabajo y Seguridad Social y de 1.281 centros de cotización por subinspector, tanto de Empleo y Seguridad Social como de Seguridad y Salud Laboral.