Los ‘biquiños’ electorales de Yolanda: promete que los españoles sólo trabajarán 32 horas dentro de 10 años

Para Díaz las próximas elecciones generales del 23 de julio "no van de lo que hemos hecho en los últimos cuatro años, sino de los próximos ocho". Lo decía este viernes en la presentación del proyecto de Ley de Usos del Tiempo con la que busca racionalizar los horarios de trabajo y que, aunque no saldrá adelante, "le será útil para su andadura política". 

Se trata de una norma, adelantada por EL ESPAÑOL-Invertia, elaborada por un comité de expertos y que propone, entre otras cosas, rebajar la jornada laboral semanal a 37,5 horas en 2026 y a 32 horas en 2032. 

[Los expertos de Yolanda Díaz proponen rebajar la jornada laboral a 37,5 horas y subir el salario un 25% por las noches]

El estudio presentado apunta también a una compactación de la jornada, con la posibilidad de una única interrupción de una hora en el caso de las jornadas partidas.

En el caso de la reducción de jornada, los expertos recomiendan que pueda ser irregular a la semana, al mes o al año, para que el trabajador se organice. Por otro lado, para los mayores de 50 años, se propone que las empresas tengan la obligación de negociar un plan de mejora de la organización del uso del tiempo. 

Una transformación radical de las jornadas laborales que para la candidata a la Moncloa por Sumar busca lograr que los españoles tengan tiempo para "desarrollar sus proyectos de vida con libertad" y no solo para trabajar.

Ante esta perspectiva, la ministra de Trabajo no entiende que España mantenga todavía la jornada laboral de 40 horas, con puestos de trabajo que exigen presencialidad.

Jornada incomprensible

"Trabajamos más y más horas, extendidas de forma incomprensible", lamenta Díaz y, pese a ello, la productividad española sigue 25 puntos por debajo de la media europea. Esta será otra de las propuestas de Sumar, como ya ha avanzado la candidata, que aboga por la creación de un Consejo de la Productividad.

A su juicio, la economía es más productiva con jornadas laborales más flexibles, aunque considera que también tienen que opinar los trabajadores. 

La "humanización" de las horas de trabajo será sólo una parte más del programa electoral de Sumar que se inspira en las ideas que se han puesto en marcha durante estos cuatro años en el Ministerio de Trabajo. 

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno junto a Unai Sordo, líder de UGT, en la presentación del Estatuto del Becario.

Los biquiños electorales de Yolanda Díaz se extendían también el pasado jueves al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Un beso (parece que en los labios, por las fotos que lo muestran) quien sabe si para pedirle perdón por robarle a Carlos Martín Urriza, quien hasta hace sólo unos días era director del gabinete económico del sindicato y que será el nuevo gurú económico de Sumar. 

Unas disculpas que se escenificarían durante la presentación del Estatuto del Becario el pasado jueves. Un documento firmado con los sindicatos CCOO y UGT al margen de la CEOE con el que se busca dar protección a esta figura. 

En el nuevo Estatuto se define el futuro de las prácticas curriculares y extracurriculares previstas en los estudios oficiales. Las primeras son aquellas incluidas dentro del programa formativo y que el estudiante necesita para la obtención de su título superior. Las extracurriculares quedan ya fuera de la formación obligatoria y el alumno puede realizarlas de forma voluntaria.

La norma, que probablemente no saldrá adelante por la oposición de Moncloa, reconoce la cotización de los becarios, con una bonificación del 95% por la Seguridad Social. Además, establecerá límites para el número de personas en formación práctica en una empresa, que no podrá superar el 20% del total de la plantilla. 

[Los sindicatos no renuncian a subir salarios por la inflación de 2022 y lo dejan para la negociación colectiva]

También reconoce el derecho a la compensación de gastos, vacaciones, días festivos o al uso de los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo en las mismas condiciones. 

Si el Estatuto del Becario no sale adelante, en Sumar ya se preparan para ponerlo en su programa político. No sólo porque es mandato de la reforma laboral (forma parte de su desarrollo por ley), también porque permitiría captar el interés de jóvenes universitarios que estén complementando en este momento su formación. 

La lideresa de Sumar quiere introducir la legislación sobre el tiempo y la protección de los trabajadores en la agenda pública de la precampaña y abrirse su hueco entre el PSOE y el PP. Díaz prefiere alejarse de los debates electorales que le suscitan "cierto cansancio" y considera "más urgente" poner en el centro de la conversación "el tiempo de trabajo", entre otras cosas.

De hecho, esta misma semana la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha lanzado en forma de tuits algunos besiños electorales contra las grandes empresas y en favor de la clase trabajadora.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Su objetivo es conseguir un reequilibrio del poder en las empresas. Para ello propone la creación del citado Consejo de la Productividad. Pero va mucho más allá. 

Díaz no esconde sus ganas de aplicar y desarrollar el artículo 129 de la Constitución, que habla de la participación de los trabajadores en las empresas. La candidata de Sumar cree que ya ha llegado el momento de abordar esa "gran asignatura pendiente" y de acometer "la reforma empresarial".

Como ha dicho en otras ocasiones, Díaz quiere que los empleados estén implicados en las decisiones de las empresas como una manera de "democratizar el mundo empresarial".

La aspirante a la Moncloa por Sumar cierra sus propuestas con una "reforma integral" del sistema fiscal, que contemplará un impuesto permanente a las grandes fortunas y una "gran reforma" del Impuesto de Sociedades. El debate, para ella, no está en subir o bajar impuestos, sino en quién los paga. "Debe contribuir más quien más tiene", recalca.

Entre ellas, Díaz planteó este martes un sistema de cuotas de participación de migrantes y refugiados en instituciones públicas, empresas y organizaciones.