El Gobierno de coalición se cuelga entre sus medallas de esta legislatura la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 47%. Con la vista puesta en las elecciones, y como rivales los que antes eran socios, tanto el PSOE de Pedro Sánchez como Sumar de Yolanda Díaz, antes en Unidas Podemos, reivindican como propio ese incremento y lo llevan a sus respectivos programas. El PP tampoco se olvida de esta renta mínima y Alberto Núñez Feijóo también se compromete a actualizarlo si llega a la Moncloa.

Díaz ha sido la última en anunciar sus propuestas para el 23J sobre el SMI, un tema que ha tratado de cerca en los últimos años como ministra de Trabajo. En su programa electoral, la líder de Sumar reconoce que elevarlo a 1.080 euros, el equivalente al 60% del salario medio español, ha sido "un gran avance" pero todavía "no es suficiente" para un país en el que los sueldos siguen "un 25% por debajo de la media de los países de la eurozona".

El objetivo de la candidata a la Presidencia por Sumar es subir el SMI "por encima del IPC anual para mantener la ganancia del poder adquisitivo" de sus beneficiarios. La todavía ministra de Trabajo asegura que esta renta es "el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género" y, además, sirve para tirar al alza del resto de los sueldos del país. 

La promesa de Díaz para los próximos cuatros años es, por tanto, que el salario mínimo quede por encima de la inflación. La incógnita que deja su programa electoral es saber en qué porcentaje superará al IPC y si lo dejará en manos del diálogo social o de algún mecanismo automático.

Si bien los precios llegaron a dispararse un 10,8% en julio de 2022, las previsiones del Banco de España pronostican que el IPC cerrará en el 3,2% en este ejercicio, en el 3,6% en 2024 y en el 1,8% en 2025. Con estas referencias, la actualización del SMI conforme a la inflación no se presenta tan elevada para los próximos años.

60% del salario medio por ley

La líder de Sumar no es la única que plantea una indexación del SMI. Sánchez también tiene una visión similar, aunque en su caso, apuesta por vincularlo por ley al 60% del salario medio español. La Carta Social Europa recomienda ese nivel como referencia, que España ya ha cumplido con la última revisión del SMI, pero no como obligación.

El presidente del Gobierno avanzó su intención de fijar por ley el SMI el mes pasado, en una conversación preelectoral con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El candidato socialista aseguró entonces que modificará el Estatuto de los Trabajadores para que el SMI quede establecido por ley en el 60% del salario medio español.

España se convertiría así en el primer país de la Unión Europea (UE), de los 21 que cuentan con SMI, en indexarlo, según el Eurostat. Los Estados que ofrecen esta remuneración a sus trabajadores delegan esa prerrogativa en sus Gobiernos, previa consulta con los agentes sociales nacionales, como hace España hasta ahora. 

Al margen de la propuesta del PSOE, la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos, de 2022, contempla la indexación del SMI y abre la puerta a que los Estados miembros puedan utilizar "un mecanismo automático de ajuste de indexación de los salarios mínimos legales". 

El texto recoge que cada país establecerá los "criterios apropiados y de conformidad con el Derecho y usos nacionales". El único requisito es que este mecanismo "no dé lugar a una disminución del salario mínimo legal".

La Directiva también aclara que los países que opten por un mecanismo de indexación automático deberán revisar los salarios mínimos legales cada cuatro años.

PP: Diálogo social

Núñez Feijóo también se acuerda del SMI en su programa electoral, aunque, en su caso, no hace promesas sobre cifras, porcentajes ni indicadores de referencia. El PP se compromete en su programa a "actualizar" el salario mínimo "en el marco del diálogo social", con la participación de sindicatos, empresarios y expertos.

En este sentido, la propuesta de los populares no es nueva ni cambia la ley. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores recoge que es el Gobierno el que decide la cuantía del SMI, previa consulta con los agentes sociales. Además, debe tener en cuenta el IPC, la productividad nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. 

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, desde 2011 hasta 2018, la revalorización del SMI apenas llegó al 15%. En 2011, con Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social, el salario mínimo estaba en 641,4 euros. En 2018, había subido a 735,9 euros.