España tenía en el segundo trimestre 3.517.700 de trabajadores públicos, según la Encuesta de Población Activa (EPA), e irá en aumento en los próximos años con las distintas Ofertas de Empleo Público (OEP). La estabilidad laboral y los salarios son los principales atractivos del empleo público y la razón por la que unos 6,8 millones de españoles se preparan para serlo y unos 5,1 millones se lo plantean, un 10% más que el año pasado, como concluye un estudio elaborado por Opositatest.
El interés por opositar no es nuevo, pero el coronavirus lo acrecentó. "Desde la pandemia, la gente valora mucho más la estabilidad y compatibilizar la vida profesional y personal", explica a EL ESPAÑOL-Invertia el responsable de comunicación de Opositatest, Jacobo Fariña.
Ni siquiera la reforma laboral ha reducido las ganas de los españoles por trabajar en el sector público. La nueva normativa impulsa la contratación indefinida, pero no garantiza un trabajo para toda la vida, una seguridad que sí acompaña al empleo público. De hecho, el 65% de los encuestados por Opositatest reconoce que esa es su motivación principal.
Tampoco el descenso del paro les convence. El número de desempleados sigue por debajo de los 3 millones, con 2.677.874 parados en julio, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, el número de interesados en opositar crece, y ha pasado de 2,9 millones en 2022 a los más de 5 millones de 2023, un 10% más de media.
El salario es la segunda motivación de los españoles para estudiar unas oposiciones. El 20% de los encuestados, tanto de los que opositan como de los que se los plantean, aspira a conseguir un salario que le permita llevar el nivel de vida que quiere, en un país en el que el sueldo más frecuente fue de 19.000 euros brutos en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística.
"El sueldo público es, generalmente, superior al del sector privado y esto es un factor importante. Por ejemplo, un administrativo del Estado gana más que su equivalente en el sector privado", explica Fariña.
Además, los opositores o los aspirantes a serlo coinciden en su percepción de la economía española. El 45% afirma que la situación económica del país es mala, mientras que para un 43% es regular. Sólo un 12% considera que es buena o muy buena.
Experiencia laboral
El perfil del opositor español es mayoritariamente femenino. El 81% son mujeres frente a un 19% de hombres, como detalla otro informe de Opositatest.
La edad de las personas que se decantan por opositar también ha aumentado. En 2021, los opositores tenían una media de edad de 39 años, pero este 2023 ha subido hasta los 41. Este año, el grueso de los opositores, un 56%, se concentra en la franja de edad de los 36 a los 50 años.
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Además de elevarse la media de edad, la vida familiar del opositor tipo también varía. El 38% tiene hijos y, al mismo tiempo, se reduce el número de estudiantes de oposiciones que vive con sus padres, consecuencia del aumento de su edad.
Los españoles que optan por opositar cerca de los 40 años ya cuentan con trayectoria laboral en el sector privado. El 78% de los encuestados ya ha trabajado más de cinco años y sólo un 4% carece de experiencia laboral.
Asimismo, un 63% de ellos es titulado universitario, seguidos de un 22% que cuenta con un grado de Formación Profesional (FP). Por su parte, un 12% terminó sus estudios en Bachillerato y el 3% se quedó en la educación básica (ESO).
La mayor parte de los opositores, un 75%, se prepara para presentarse a exámenes de escala C1 o C2, como administrativo, auxiliar administrativo o Correos. "Los temarios son bastante reducidos y piden sólo Bachillerato o la ESO", recuerda Fariña.
Frente al perfil de los opositores de más de 40 años, los estudiantes de entre 26 y 35 años representan un 24% del total. Entre los opositores de menos edad, es más frecuente la preparación de exámenes para oposiciones A1 o A2.
"Un graduado en Derecho suele opositar a algún cuerpo de Justicia, porque los temarios son similares (a la carrera) y tiene todo reciente. También los titulados en ADE o Económicas aspiran a oposiciones más altas", explica el responsable de Comunicación de Opositatest.
Varias personas buscan en listados el aula donde van a realizar sus pruebas de acceso.
Fariña también señala que en estos grupos es frecuente "saltar de oposición a oposición", más que abandonarla.
Ante la similitud de los temarios, muchos opositores se presentan a otros exámenes de escalas inferiores o de otras administraciones en las que hay más plazas y más posibilidades de aprobar.
OEP no influye
Los opositores conocerán antes de fin de año las convocatorias para las 39.574 plazas aprobadas en julio por el Gobierno en su última OEP.
De esas, 27.246 serán para turno libre. Dentro de ellas, 18.621 se corresponden con la reposición de efectivos, mientras que sólo 8.625 representan creación de empleo neto. Para la promoción interna, Hacienda garantiza 12.328 plazas.
El reparto de esas vacantes se divide en 29.818 para la Administración del Estado y 2.141 para las Fuerzas Armadas. Hacienda también ha concedido al Cuerpo Nacional de Policía 2.833 plazas, de las que 2.600 serán para nuevos ingresos. La Guardia Civil tendrá 2.875, con 2.520 de nuevo ingreso. Por su parte, Justicia contará con 1.907 plazas, la mayor oferta de los últimos siete años.
El responsable de Comunicación de Opositatest recuerda que sólo se trata de la aprobación de las plazas, pero no de las convocatorias. "Eso es el primer paso, pero el interés surge cuando sale la convocatoria", precisa Fariña. Por tanto, los españoles no se plantean por completo opositar hasta que conocen con certeza los plazos en los que se desarrollarán los exámenes.
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En Opositatest también ven "interesante" otra de las novedades que introduce la OEP 2023. Además de las 40.000 plazas, contempla una agilización de los procesos, de manera que todas las convocatorias tendrán que estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre de este año.
De esta forma, todos los procesos, tanto de convocatoria como de exámenes y alegaciones, tendrán que estar culminados antes de que transcurran dos años. Los nuevos plazos que marca Hacienda exigen que la fase de oposición tenga una duración máxima de nueve meses, con un límite de cuatro pruebas.