Los abogados dudan de la conveniencia de que los jueces decidan las indemnizaciones por despido improcedente

CCOO y UGT aceptaron dejar este tema fuera de las negociaciones de la reforma laboral para alcanzar un acuerdo con la CEOE. Sin embargo, era sólo una cesión y no una renuncia. Acordada la nueva legislación laboral, los sindicatos reivindican un encarecimiento del despido.

Además, tanto UGT como CCOO esperan conocer la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, ante el que presentaron sendas denuncias por el precio del despido en España, al entender que incumplía la Carta Social Europea.

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Los dos sindicatos consideran que las indemnizaciones por el despido improcedente no son lo suficientemente disuasorias para las empresas y piden introducir indemnizaciones que atiendan a las circunstancias de la persona despedida para que, además de disuasorio, el despido sea resarcitorio.

Aunque ya existe alguna sentencia en esta línea, como una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consideró que la indemnización de una trabajadora era insuficiente, este caso es, por el momento, la excepción.

Los abogados consultados por EL ESPAÑOL-Invertia entienden que el debate sobre la suficiencia o no de la indemnización del despido improcedente responde, en parte, al contexto político actual, y consideran que los cambios que proponen los sindicatos pueden provocar inseguridad jurídica.

El socio del área laboral de RocaJunyent, Alberto Novoa, recuerda que el sistema de despido "está tasado por ley, según el salario y la antigüedad, de tal manera que es una cosa igualitaria". 

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"Los criterios de salario y antigüedad son objetivos y son suficientemente objetivos para fijar el quantum de una indemnización. El debate sobre si los días son 33 o 45 es una cuestión de política social que deberán determinar los políticos", apunta Novoa. 

El socio y abogado laboralista de Ceca Magán, Jorge Sarazá, cree que España sí cumple con la Carta Social Europea, frente a lo que denuncian los sindicatos, y señala que ya existe "una indemnización adecuada" y una legislación, tanto en el caso de los despidos objetivos como en los improcedentes. 

"En España, tenemos un sistema de indemnizaciones adecuadas", sostiene Sarazá, que califica como "válidos" los criterios de cuantificación de esas indeminizaciones. 

También defiende el sistema de indemnizaciones actual el socio director de Zeres Abogados, Fabián Valero. "Nuestro ordenamiento jurídico ya prevé supuestos en los cuales exista una indemnización complementaria", apunta.

Inseguridad jurídica

Los abogados también recelan de un sistema de indemnizaciones por despido improcedente que tenga en cuenta las circunstancias personales del trabajador, como su edad, sexo o sector al que se dedica, más allá de las causas objetivas. Si eso ocurriera, las indemnizaciones se decidirían en los juzgados.

"Dejar la fijación del despido en manos de un juez es un mal camino, por el simple motivo de que entonces absolutamente todos los despidos se van a judicializar", advierte Valero.

El socio director de Zeres Abogados cree que esa vía desembocaría en unas "relaciones laborales completamente conflictivas", que no son buenas ni para los trabajadores ni para los empresarios. "La inseguridad jurídica nunca es buena", recalca.

En cualquier caso, Valero reclama que, en el caso de que se modifiquen las indemnizaciones por despido, se haga "con cierto grado de predictibilidad" para determinar los elementos que se tendrán en cuenta para fijar esa cuantía adicional. 

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Sarazá, de Ceca Magán, admite que introducir las circunstancias personales a la hora de cuantificar la indemización por despido improcedente "es un tema muy peliagudo". Al igual que Valero, también desconfía en dejar esta decisión a un juez.

"Lo que daría seguridad jurídica es que esto estuviera en una ley. Esto no puede quedar en manos de un juez que con su propio criterio dijera lo que tiene que cobrar", agrega. 

La idea tampoco convence al socio del Área Laboral de RocaJunyent. Novoa alude a esa inseguridad jurídica que auguran el resto de abogados y añade que sería "muy peligroso".

Además, el hecho de que cada juez determine la cantidad de la indeminización podría "dar lugar a diferencias sustanciales que no están justificadas".

"Cuando hay dos casos iguales, y un Tribunal Superior de Justicia dice blanco y otro dice negro en caso idéntico, el Tribunal Supremo dice cuál es la buena. Pero hace muchos años que el Supremo dijo que es prácticamente imposible que haya dos asuntos iguales", explica Novoa.

Así, si esto ocurriera en la realidad, sería "muy difícil" que el Supremo unificara la doctrina al respecto.