Sin embargo, en el caso de los trabajadores, los de Abascal parecen haber pinchado en hueso. La huelga general se ha convocado contra la investidura de Sánchez y los propios acuerdos que la permiten. Entre las razones alegadas no hay causas laborales, según indican laboralistas consultados por EL ESPAÑOL-Invertia. Sólo hay causas políticas, lo cual inhabilitaría la convocatoria. 

Este periódico se ha puesto en contacto con el citado sindicato Solidaridad para conocer, concretamente, las causas alegadas para el registro de la huelga general. La organización remite al manifiesto de convocatoria de la protesta, en la que "está todo", indican. 

l líder de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso. A. Pérez Meca / Europa Press

Las causas de la huelga son numerosas, según el sindicato de Vox. Alega la "desigualdad de los trabajadores" que provocarán los pactos de investidura y una "gravísima regresión en los derechos laborales de los trabajadores de España y su división en españoles de primera, segunda o tercera clase". 

La organización pronostica efectos como un "expolio fiscal", "congelación de pensiones", "fuga de empresas", "ruptura" de la caja única de la Seguridad Social, "incremento del paro" por el cierre patronal y la "fuga de inversión por la inseguridad jurídica". 

[Las muchas dudas y escasas certezas sobre el traspaso de la Seguridad Social a País Vasco pactado entre PSOE y PNV]

Además, Solidaridad vaticina el "aumento de la discriminación por razones lingüísticas para el acceso a un puesto de trabajo, principalmente en Cataluña y País
Vasco" y la "conculcación del derecho a la libre circulación y movimiento por
todo el territorio nacional en busca de un futuro profesional". 

Pero estos argumentos, y el resto del manifiesto, no son suficientes para justificar una huelga general. No cumplen sus principios legales que es aportar razones de índole laboral, según los especialistas contactados por este periódico. 

Alberto Novoa, socio de RocaJunyent y especialista en derecho laboral, considera que el manifiesto supone sólo "un comunicado de huelga general en el que el sustento real son decisiones políticas que, en principio, no tienen relación directa con la regulación laboral".

"Sibilinamente se habla de la generación de desigualdades laborales, de merma de derechos y empobrecimiento de las condiciones. Pero no existe un vínculo claro entre los acuerdos de investidura y esas situaciones", opina. 

Reacción

"Por otro lado, no es una reacción a una norma del Parlamento ni a una iniciativa normativa del Gobierno. Es una reacción a acuerdos de investidura entre grupos parlamentarios", precisa.

Novoa concluye con una reflexión: "Una cosa es que el sindicato quiera mostrar su rechazo a las condiciones políticas de la investidura y que considere que tales condiciones son inconstitucionales y reprobables política o jurídicamente. Y otra muy distinta es que haya reivindicación laboral alguna en esa reprobación".

También está por ver que la convocatoria de huelga general cuente con respaldo. La representatividad de Solidaridad no es alta, que digamos. Sólo cuenta con 250 delegados sindicales (un 0,1% del total) y unos 15.000 afiliados. 

UGT ya ha precisado que no respaldará la protesta, y se sobreentiende que CCOO tampoco. Lógico teniendo en cuenta las líneas que les dedica Solidaridad en su manifiesto: "Quienes sí están a favor de todos estos vergonzosos pactos son los
sindicatos de clase gobernantes, UGT y CCOO, que hace tiempo no sólo abandonaron la defensa de los trabajadores sino que han hecho de la corrupción su modo de vida".

Pero, sin ellos, el Partido Popular ya ha indicado no apoyará la convocatoria de Solidaridad. Por una razón o por otra, todo parece indicar que la huelga general del sindicato de Vox va a pinchar.