Aunque su petición no es nueva, el contexto político ha abierto una nueva oportunidad. El pacto entre el PSOE y el PNV, con la modificación del artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales, le ha servido a Álvarez para introducir esta vieja reclamación.

Para el secretario general de UGT, una posible ley de la negociación colectiva permitiría que los convenios "pudieran caer en cascada" y evitaría "problemas de solapamiento de convenios colectivos". Pero, además, se podría "introducir otro elemento que es quién financia la negociación colectiva" en España.

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"Tiene carácter universal, afecta a todos los trabajadores y a todas la empresas, pero sólo tiene de paganinis a los afiliados a las organizaciones sindicales y la CEOE", expuso el líder sindical. 

Álvarez defendió como "razonable" una normativa que tratara "este y otros temas". Sin embargo, en CCOO descartan que deba hacerse una ley de negociación colectiva como tal.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Marta Fernández Europa Press

"La negociación colectiva no precisa de una ley, puesto que ya está recogida y regulada en el Estatuto de los Trabajadores (Título III)", explica a EL ESPAÑOL-Invertia la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.

En su lugar, Vicente apuesta por una ley de participación institucional. Tanto los sindicatos como la patronal están reconocidos por la Constitución, en su artículo 7, aunque sin profundizar en su labor, más allá de "la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". 

"Venimos reclamando que haya una ley de participación institucional. Queremos que recoja cuáles son las funciones de las organizaciones sindicales y patronales, y que eso quede perfectamente claro, porque el mandato que tenemos en la Constitución es amplio", comenta a este periódico. 

Aunque los sindicatos discrepan en lo que respecta al reconocimiento de la negociación colectiva, CCOO y UGT coinciden en la necesidad de que se financie esta labor.

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Vicente precisa que los negociadores, tanto los representantes de los trabajadores como de los empresarios, hacen un trabajo "para el cojunto de la ciudadanía" y, por tanto, "tiene que estar remunerado".

"No tiene justificación que eso se haga sólo con quienes pagan las cuotas", añade, al tiempo que recuerda que hay muchísimas mesas de negociación abiertas para abordar miles de convenios colectivos, con la implicación de personal que eso conlleva. 

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, en una imagen de archivo. Alberto Ortega Europa Press

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO confirma que la ley de participación institucional está en la agenda del sindicato y confía en que salga adelante durante esta legislatura. 

"Con total transparencia, que se determinen las funciones, dónde estamos, cuál es la compensación económica y que eso esté en la propia norma. Que esa sea una norma transparente, porque tiene que ser una ley", subraya Vicente a este periódico. 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) representa la otra parte de la negociación colectiva. Fuentes empresariales señalan a EL ESPAÑOL-Invertia que la cuestión de la financiación hace tiempo que no está en la mesa y, hasta que no vuelva a ponerse sobre ella, prefieren evitar valoraciones.