Las primeras leyes de Sánchez erosionan el diálogo social con la patronal y los sindicatos en el arranque de la legislatura
Los agentes sociales han manifestado su rechazo y su preocupación ante las primeras actuaciones del Gobierno.
24 diciembre, 2023 21:02El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 diciembre sorprendió por igual a los sindicatos y la patronal. La publicación del día después del Consejo de Ministros incluía los reales decretos leyes de la reforma de los subsidios por desempleo y de Función Pública, ambos con letra pequeña que quedó fuera del diálogo social.
Las prisas de final de año y la urgencia por cumplir los compromisos con Bruselas no justifican, a juicio de los agentes sociales, que se haya prescindido de ellos para negociar estas reformas. Tampoco entienden la nueva actitud de un Gobierno que basó y presumió la legislatura anterior de diálogo social.
Atrás quedaron las mesas de negociación de la pandemia, los pactos para cerrar la reforma laboral, la primera pata de la reforma de pensiones, alguna subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la Estrategia de Seguridad y Salud laboral.
En el caso de la reforma de los subsidios por desempleo, los agentes sociales apenas fueron informados de los planes del Ejecutivo, más allá de las consultas iniciales, y el debate se elevó al Ministerio de Trabajo y al de Asuntos Económicos. Sus responsables, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, tuvieron que limar asperezas para pactar un texto menos ambicioso de lo que prometía la primera.
El resultado final no sólo no fue el vendido por Díaz, sino que no cumplió con las expectativas sindicales, que vio "insuficiencias" en las medidas. "Tampoco se ha producido una negociación con todas sus consecuencias en materia de subsidio de desempleo", denunciaron UGT y CCOO en un comunicado conjunto. La patronal, desde el principio, estuvo en contra de la propuesta de Díaz y encontraba más sintonía con la de Calviño.
[Así queda la reforma de los subsidios por desempleo con su letra pequeña en el BOE]
Sin embargo, lo que más escamó a los agentes sociales fue la aparición, en ese mismo Real Decreto-ley, de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales, parte del pacto del PSOE con el PNV para garantizar el apoyo de los nacionalistas vascos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
Fuentes sindicales consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia reconocen que era parte de los acuerdos del PSOE, pero no ocultan cierto descontento por la manera en la que se produjo, dentro de un Real Decreto-ley que abordaba otras cuestiones.
Tanto CCOO como UGT defienden la coexistencia y la compatibilidad de ambos convenios, pero, de igual manera, reprocharon al Ejecutivo que abordara cambios en el Estatuto de los Trabajadores, en lo que se refiere a la concurrencia de los convenios colectivos, "sin ninguna comunicación previa" y "obviando el marco del diálogo social, sin oír a sus legítimos representantes".
La parte empresarial también censuró la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. Amparados por su papel constitucional, así como el de los sindicatos, la CEOE y Cepyme mostraron su "rechazo total" a la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los nacionales sin contar con los agentes sociales y acusaron al Ejecutivo de "despreciar" el diálogo social. "Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el Diálogo Social", afearon a Sánchez en su comunicado.
Quejas sectoriales
El malestar por la ausencia de consulta con los agentes sociales se ha extendido también a otros sectores, como la Construcción o la Función Pública.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) han respaldado a sus asociaciones y confederaciones de ámbito superior (CEOE, CCOO y UGT) en sus quejas al Gobierno.
"Se ha llevado a cabo sin que se haya abordado y debatido en el marco del diálogo social, donde empresarios y sindicatos valoramos y debatimos con carácter previo este tipo de cuestiones que nos afectan de manera directa", señalan, en alusión a la prevalencia de los convenios autonómicos.
Los empresarios y sindicatos de este sector recalcan que "cualquier variación del Estatuto de los Trabajadores debe abordarse en el marco del diálogo social" y ponen de ejemplo su propio funcionamiento. La Construcción, "fruto de este diálogo social", aprobó en 2023 subidas salariales y su Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, primer plan de pensiones sectorial a nivel estatal, dentro de su VII Convenio General de la Construcción.
En la Función Pública tampoco ha tenido buena acogida otro de los reales decretos-leyes que el Gobierno aprobó en el penúltimo Consejo de Ministros del año y publicado después en el BOE. La norma incluye cambios para los funcionarios, en concreto, evaluaciones de su desempeño de las que dependerá su sueldo y, también, su permanencia en el puesto.
Las críticas han llegado desde el Área Pública de CCOO, para quienes el reproche es el mismo: la aprobación de normas de carácter laboral "al margen del ámbito de diálogo social". "No es excusa para no haber sido objeto de negociación en el ámbito del diálogo social de la Administración Pública", añade en comunicado, en el que entienden que hubiera "cierta urgencia" por cumplir con Bruselas.
Reunión con Sánchez
En poco más de un mes desde la toma de posesión de Pedro Sánchez, la relación con los agentes sociales se ha enrarecido. El vínculo con los empresarios ya estaba tenso desde la legislatura anterior y no parece que las circunstancias les empujen a amistarse en este nuevo periodo.
Los sindicatos también perciben un "quebranto del clima de confianza" con el que contaba la negociación tripartita en los últimos meses. Antes de que la ruptura sea irremediable, CCOO y UGT han pedido a Pedro Sánchez "que se reúna con los interlocutores sociales con el objeto de definir el perímetro que va a tener el marco del Diálogo Social en la legislatura que comienza".
A las organizaciones sindicales tampoco les gusta que las últimas reformas, primeras de esta legislatura, se hayan hecho "obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes" y recuerdan que España todavía tiene por delante retos socioeconómicos trascendentes.
Si los últimos años han estado centrados en cumplir con Bruselas, en esta legislatura tocará mirar para casa, donde no pasa desapercibida "la situación política" del país, como señalan los sindicatos. Por eso, el aviso a Sánchez es claro y la reunión con la patronal y los sindicatos se antoja todavía más prioritaria si quiere restablecer "la confianza y una metodología fiable en el espacio de intervención de los agentes sociales".