El Gobierno llega casi un año y medio tarde a la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, que garantizará a los trabajadores la información mínima de su puesto de trabajo desde el inicio de su contrato. España tenía como fecha límite el 1 de agosto de 2022 para incorporarla a la legislación nacional, algo que no ha ocurrido hasta la fecha.
Fuentes del Ministerio de Trabajo contaban con llevar el texto al Consejo de Ministros de la semana pasada, pero finalmente quedó fuera del orden del día. Los sindicatos esperan que la transposición se trate este miércoles, en el último Consejo del año o, de lo contrario, estudiarán dirigirse a las instituciones europeas.
La directiva, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) en 2019, sustituye a la de 1991 y responde a las nuevas realidades laborales surgidas en ese tiempo. Entre sus avances, están los derechos de información por escrito sobre las condiciones de trabajo de las personas, como los días que tiene que desarrollar su actividad, su jornada de trabajo, las horas complementarias, además de la limitación de la duración de los periodos de prueba.
En este tiempo, España ha recibido un emplazamiento de la UE en septiembre de 2022 y un dictamen motivado de la Comisión Europea en junio de este año, con un plazo de dos meses para transponer la directiva, sin respuesta del Gobierno. La demora y la actitud del Ejecutivo sorprenden a CCOO y UGT, que no entienden esta postergación.
Los sindicatos tuvieron acceso a un documento al que hicieron "algunas alegaciones", como comenta a EL ESPAÑOL-Invertia la secretaria de Acción Sindical de UGT, Patricia Ruiz. El adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, Raúl Olmos, también asegura a este periódico que el Ejecutivo les "hizo saber el último borrador", pero la semana pasada se encontraron con la "sorpresa" de no verlo aprobado en el Consejo de Ministros ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"No tenemos ninguna explicación (...). Si no se transpone de manera inmediata, tememos que es por presión de las patronales. Simplemente reconoce derechos de información que son esenciales, no entendemos dónde está el problema, pero algo se nos está ocultando", advierte Olmos.
Fuentes empresariales consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia tampoco sabían nada del texto y están, igualmente, a la espera de su publicación.
Garantía de previsibilidad
Ruiz cree que la futura transposición de la directiva supondrá "un avance importante para los trabajadores", ya que les permitirá conocer sus "condiciones desde el mismo día que empieza la relación laboral". La secretaria de Acción Sindical de UGT insiste en la previsibilidad que ofrecerá a los fijos discontinuos sobre la duración y la distribución de sus jornadas.
"En su contrato de trabajo, van a tener especificaciones básicas, como salarios, complementos, necesidad y duración, distribución y periodos de inactividad, en el caso de los fijos discontinuos", profundiza.
En UGT confían en que la transposición de la directiva evite "ocasiones de fraude" y obligue a la empresa a justificar hasta lo que ahora se consideraba "imprevisible".
A la espera de conocer qué sale del Consejo de Ministros de este miércoles, Olmos recuerda que la directiva, pese a no estar transpuesta al ordenamiento español, ya está en vigor. "En derecho comunitario, cuando se acaba el plazo de transposición, la directiva ya es exigible, de tal forma que se compagine al máximo posible con la norma del Estado", explica.
Al igual que Ruiz, Olmos destaca que la transposición de la directiva permitirá al trabajador acceder a la información de su puesto de trabajo "en el momento de formalizar el contrato", desde retribuciones, convenio de aplicación, jornadas y horarios.
"Da la garantía de conocer, con carácter previo, la aplicación de jornada", apunta, al tiempo que incide en la importancia de esta norma para los trabajadores a tiempo parcial, en lo que se refiere a las horas complementarias, así como a los fijos discontinuos, por los periodos de prestación de la actividad. Asimismo, recalca que acotará "muchísimo" la duración de los periodos de prueba en los contratos, entre otros avances.