El Gobierno concluye el año sin aprobar la transposición de la directiva sobre condiciones de trabajo previsibles y transparentes, como quedó patente en el Consejo de Ministros de este miércoles. España lleva casi un año y medio de retraso en su aplicación a la legislación nacional y para CCOO resulta "injustificado" y avisa al Ejecutivo de que denunciará la situación en "todas las instancias", como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

La incorporación de esta directiva al ordenamiento laboral español garantizará que los empleados cuenten, desde el inicio de su contrato, con la información mínima de su puesto de trabajo, como horarios, vacaciones, jornadas, horas complementarias o periodos de inactividad, en el caso de los fijos-discontinuos.

La fecha límite para su transposición era el 1 de agosto de 2022 y, a pesar de contar con un emplazamiento de la UE en septiembre de 2022 y un dictamen motivado de la Comisión Europea en junio de este año, con un plazo de dos meses para aplicarla sin que el Ejecutivo no ha tomado medidas. 

[El 47% de los trabajadores a tiempo parcial lo es porque no consigue un empleo a jornada completa]

"Ya se ha superado sobradamente ese plazo y ya no puede usarse la excusa de un Gobierno en funciones, con lo que en cualquier momento la Comisión podrá llevar el incumplimiento a la Unión Europea", avisa CCOO en su comunicado. Además, recuerda que el caso puede llevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea "para la imposición de sanciones económicas, que pueden ser millonarias".

El sindicato también se plantea seguir esa vía y "denunciar el incumplimiento de España en todas las instancias, incluidas las comunitarias", para exigir la aplicación directa de la directiva, "lo que sin duda incrementará la litigiosidad".

Absolutamente incomprensible

La demora en la transposición de la directiva de condiciones laborales previsibles y transparente está suponiendo, a juicio de CCOO, "una merma de derechos laborales" exigidos por Europa. 

El texto para su aplicación a la legislación española se había tratado en el diálogo social "hace más de un año" y se ha ido posponiendo "sin justificación alguna". Fuentes gubernamentales aseguraron que se aprobaría en el Consejo de Ministros del 19 de diciembre, sin que eso ocurriera. La situación se repitió en el Consejo de este miércoles.

Al sindicato también le resulta "absolutamente incomprensible" que el Gobierno de España esté apostando "por incumplir la normativa europea", con las multas y sanciones que puede conllevar, "antes que reconocer derechos a las personas trabajadoras". CCOO insiste en que su transposición "es necesaria para mejorar la calidad del trabajo".

"Para CCOO es difícil de comprender el silencio que mantiene el Gobierno acerca de esta directiva y nadie explica a que obedece el incumplimiento de su transposición. Solo las organizaciones empresariales se han opuesto, pero parece que cuentan con derecho de veto en las decisiones del Consejo de Ministros", denuncia.

La directiva incorpora mejoras en los derechos de información y refuerza la imposibilidad de que existan contratos a llamada. Su aplicación beneficiará, en particular, a las personas con un contrato a tiempo parcial y a los fijos discontinuos. También limitará la duración de los periodos de prueba.