Francia y Alemania han tumbado este viernes -en un gesto que parece definitivo- la nueva 'Ley Rider' de la Unión Europea, que fue una de las prioridades de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la presidencia española. Una norma cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo, acabar con los falsos autónomos, y al mismo tiempo dar seguridad jurídica a las compañías.
París y Berlín han rechazado el último acuerdo cerrado hace apenas una semana por la actual presidencia belga de la UE con la Eurocámara, que ya descafeinaba de forma considerable la ambición inicial de la directiva. Francia ha votado en contra alegando que la solución de compromiso planteada por Bélgica deja demasiado margen de maniobra a los Estados miembros y no garantiza una aplicación uniforme.
Por su parte, Alemania se ha abstenido debido a las divisiones internas en la coalición de Gobierno, al igual que han hecho Grecia y Estonia (aunque la abstención en este caso equivale a un 'no'). Más allá de sus declaraciones públicas, el auténtico motivo por el que París y Berlín se oponen a la 'Ley Rider' es porque rechazan lo que consideran una reclasificación forzosa de los autónomos.
[Los Gobiernos de la UE tumban el compromiso cerrado por Yolanda Díaz sobre la 'ley Rider']
El departamento de Yolanda Díaz ha votado a favor, pero ha publicado una declaración en la que denuncia que la versión final de la norma era "débil" y "poco ambiciosa".
La presidencia belga del Consejo de la UE ha lamentado que haya sido imposible alcanzar la mayoría cualificada necesaria para aprobar la 'Ley Rider' y anuncia que reflexionará sobre los próximos pasos a seguir. Sin embargo, con el final de la legislatura tan próximo ya no da tiempo a volver a negociar con la Eurocámara. Eso significa que la negociación tendrá que empezar de nuevo tras las elecciones del 9 de junio.
"Es profundamente decepcionante que los Estados miembros de la UE no hayan podido aprobar hoy la directiva sobre el trabajo en plataformas. La Comisión sigue creyendo firmemente en la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas y crear condiciones equitativas en toda la Unión", ha dicho el comisario de Empleo, Nicolas Schmit.
En presidencia española, la vicepresidenta Díaz ya cerró un principio de acuerdo con la Eurocámara, que también fue tumbado después por los Gobiernos de la UE por considerarlo demasiado reglamentista.
Según los cálculos de Bruselas, la gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales (alrededor de 28 millones en toda la UE) son auténticos autónomos. Sin embargo, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad, sostiene el Ejecutivo comunitario.
Este es el principal problema que pretendía resolver la 'Ley Rider' de la UE: garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca el estatus legal laboral que corresponde a su régimen de trabajo real.
La versión original del texto establecía una serie de criterios de control comunes para determinar si la plataforma es un 'empleador'. Por ejemplo, fijar límites máximos de remuneración; supervisar la realización del trabajo con medios electrónicos; o restringir la libertad de los trabajadores para escoger sus horarios o periodos de ausencia.
En la última versión negociada por Bélgica, y que también ha naufragado, los criterios comunes a nivel de la UE desaparecieron del texto: se dejaba libertad a los Estados miembros para fijarlos en su legislación nacional.
"Al no existir unos criterios de laboralidad ni un umbral para constatar la apreciación de la existencia de dirección y control del trabajo por la plataforma digital, y al remitir esta apreciación a la legislación nacional, abre la puerta a una presunción a la carta y desigual en los Estados miembros, que podría no ser útil para clasificar correctamente a los millones de falsos autónomos en la UE", señala la declaración hecha pública por España.