La petición de recusación de Carmen Salcedo, la experta española en el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), por parte del Ministerio de Justicia no ha gustado ni a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni a UGT. El movimiento del titular de la cartera, Félix Bolaños, se ha producido en plenos debates del CEDS sobre la improcedencia del coste del despido en España y para el sindicato resulta preocupante.
El Comité está estudiando esa cuestión a raíz de una denuncia presentada en marzo de 2022 por UGT, y admitida a trámite en julio de 2023. El sindicato liderado por Pepe Álvarez esperaba conocer la decisión del CEDS para diciembre del año pasado, pero el pronunciamiento se fue postergando.
En este tiempo, UGT ha venido denunciando la "injerencia" de Justicia en el CEDS. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Justicia, a través del representante de España ante el CEDS, apeló al artículo 3 del reglamento del organismo para solicitar la recusación de la experta española, según consta en la carta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños.
Justicia ponía en el punto de mira un artículo científico publicado por Salcedo, en el que afirmaba que el precio del despido en España incumplía la normativa europea. El Ministerio de Bolaños, al apelar a ese artículo 3, instaba al presidente del CEDS a tomar las medidas necesarias si alguno de los miembros, en este caso la experta española, incumplía con los requisitos de independencia, imparcialidad y disponibilidad que se les exigen.
La actuación de Bolaños, con un "intento de injerencia en el Comité", "preocupa y mucho" en UGT, como ha comentado a este periódico el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. También le alarma que la primera vez que se produce una recusación en 50 años "sea España contra una miembro española".
"Es absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico. Es temerario que se utilicen argumentos para recusar que un año antes se utilizaron para proponer su nombramiento", apunta. Además, aclara que Salcedo escribió ese artículo cuatro meses antes de que se le propusiera para el cargo.
Luján tampoco entiende la decisión de Justicia y cree que "sólo se justificaría por un intento burdo de influir en la resolución del Comité". Esa resolución, esperada desde hace meses por UGT, obligaría a España a modificar el despido improcedente y elevar su coste para que sea disuasorio y resarcitorio.
Carta de Díaz
El despido quedó fuera de las negociaciones de la reforma laboral para conseguir un acuerdo tripartito entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Sin embargo, tanto UGT como CCOO han insistido después en retomar esa cuestión.
Díaz también ha unido a esa reivindicación e incluso logró incluirlo en el acuerdo de Gobierno de coalición entre Sumar y PSOE. No obstante, el ala socialista del Ejecutivo no se ha mostrado muy convencido con ese avance.
En la pasada legislatura, el Gobierno, formado entonces por PSOE y Unidas Podemos, alegó ante el CEDS que el sistema español de protección al trabajador despedido de manera ilícita cumplía con lo dispuesto en el Artículo 24 de la Carta Social Europea, ya que le provee "de una indemnización adecuada".
El Ejecutivo también sacó pecho en esas alegaciones de la reforma laboral y recalcó que la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad daban mecanismos de flexibilidad interna para evitar los despidos.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.
En su momento, la postura del Gobierno causó incomodidad en UGT, ya que Díaz se había mostrado partidaria de revisar el coste del despido. Desde el entorno de la vicepresidenta quisieron desligarse del posicionamiento del Gobierno ante el CEDS y señalaban que era una decisión de Justicia, aunque el argumento no convenció al sindicato, para quien el Ejecutivo sólo era uno.
En esta nueva legislatura, y tras conocerse que Justicia quiere recusar a Salcedo, Díaz ha marcado distancias con el PSOE en este tema. La vicepresidenta segunda ha mandado una carta a Bolaños para pedirle que no interfiera en la decisión del CEDS, como ha adelantado El País y han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo.