El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública prepara una transformación de la Administración que incluirá, también, un nuevo sistema de oposiciones que siga la línea propuesta por el exministro Miquel Iceta en 2021. La idea de unas pruebas menos memorísticas y más competenciales no convence a los altos funcionarios del Estado que creen que esta modalidad puede desembocar en una "degradación del Estado".
Esas palabras son de la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, que durante su intervención en un acto del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) puso como ejemplo de las posibles consecuencias su labor y la de sus compañeros.
"Que una inspección de Hacienda se haga por gente que mire en Wikipedia cómo se hace una inspección de Hacienda es toda es una degradación. Una degradación del propio Estado que perjudica a los ciudadanos de a pie que pagan sus impuestos. No es de recibo que pueda haber un uso politizado y un destrozo por la ignorancia de no estar bien preparado", resaltó de la Herrán durante su intervención en el acto "La quiebra del Estado de Derecho y el deterioro de la Función Pública", del ICAM.
[Escrivá trabaja en "dar su toque" a las oposiciones planteadas por Iceta en 2021]
Uno de los objetivos de ese cambio en las oposiciones es hacerlas más atractivas a las nuevas generaciones. Esta estrategia está orientada a cubrir las vacantes que dejarán los jubilados baby boomers, a rejuvenecer la plantilla y a atraer y competir por el talento joven.
Esta visión de la oposición como algo atractivo resulta "antitética" para el portavoz de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL), Alberto Bravo Queipo de Llano. En su opinión, las oposiciones son y deber seguir siendo "el último escalón de la excelencia", en las que se tiene que mantener el sacrificio "como algo positivo, no trasnochado".
También apeló al sacrificio la vicepresidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, María Foret Pastor, que sostiene que a las nuevas generaciones les cuesta quedarse tres o cuatro años encerrados estudiando. "La oposición tiene tres aspectos fundamentales: el primero es el esfuerzo; el segundo, la técnica; y el tercero, la ilusión", enumeró.
Al igual que sus compañeros de jornada, Foret defendió que "un alto funcionario tiene que saber hablar y expresarse". La vicepresidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social abogó por mantener la capacidad memorística, que definió como "imprescindible", y se opuso a los exámenes prácticos y tipo test.
Una hoja de oposiciones, en una imagen de archivo.
"Somos conscientes de que la evolución y los cambios son necesarios. Los jóvenes tienen otras inquietudes y somos conscientes de que hay que adaptar la Función Pública, pero no a cualquier coste", expuso.
Foret y De la Herrán coincidieron en que los altos cargos de la Función Pública tienen que estar preparados para sus funciones, independientemente de que muchos de ellos sean nombramientos de personas próximas al Gobierno de turno. "Quienes estén al frente tienen que ser gente capacitada y con objetividad", sentenció Foret.
La objetividad es una de las cuestiones que más preocupa al alto funcionariado si se modifican las oposiciones. De la Herrán insistió en que un funcionario debe tener "alta cualificación" y haber sido elegido "con criterios objetivos", dos cuestiones que, a su juicio, se están modificando.
Para la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el nuevo sistema de oposiciones que quiere poner en marcha el Gobierno desde hace algunos años creó "un problema donde no había un problema". "Hay algunas cuestiones que son ciertas pero no todas. Se crea una sombra de duda sobre el propio funcionario, indicando que procedemos de familia con ciertos apellidos, de determinados sectores económicos", denunció.
Pese a su oposición, De la Herrán se mostró partidaria de "hacer algunos cambios". No obstante, lamentó que no se les haya dejado intervenir en debates y reflexiones y que se les haya "cerrado toda puerta" cada vez que han hecho aportaciones contrarias a las del Gobierno.