La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en la asamblea de delegadas y delegados de UGT-Madrid celebrada este martes con motivo del Primero de Mayo. EFE
España llega al Primero de Mayo con la promesa de reducir la jornada laboral “antes del verano”
Los sindicatos han convocado a los trabajadores bajo el lema "Por el pleno empleo: menos jornadas y mejores salarios".
1 mayo, 2024 02:30Este puede ser el último Primero de Mayo en el que los trabajadores de España tengan una jornada laboral máxima de 40 horas. "Antes del verano", la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera haber alcanzado con los agentes sociales un acuerdo para rebajar el máximo legal a 38,5 horas para 2024.
La actualización de la jornada laboral, la misma desde hace cuatro décadas, es un compromiso del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, que defendía con mucho más ahínco la formación de Díaz. Hasta ahora.
Este martes, en el auditorio de UGT en Madrid, lleno de delegados sindicales, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del ala socialista, hizo suyo el lema sindical de este Primero de Mayo: "Por el pleno empleo: menos jornadas y mejores salarios".
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. Europa Press
"Vamos a reducir la jornada laboral en este país, por convicción y por necesidad", defendió Montero, en un discurso más habitual de la ministra de Trabajo que de la de Hacienda.
Independientemente de quién lleve la voz cantante y quién se apunte el tanto, el tiempo apremia si la intención es cerrarlo antes del verano. Trabajo inició las negociaciones con la patronal y los sindicatos a finales de enero y, en este tiempo, apenas han trascendido avances de unas conversaciones que los agentes sociales quisieron llevar alejados de la supervisión constante de Díaz.
Aunque Trabajo ha adoptado una posición discreta, coincide con los sindicatos. La negativa o, al menos, los recelos, proceden de la CEOE. Los empresarios españoles prefieren que la reducción de jornada se haga convenio a convenio, sector a sector, y no por ley, como propone el Gobierno, al buscar la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha mostrado en varias ocasiones su disconformidad con acudir a una mesa de negociación en la que ya está pactado de antemano el resultado: 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025. Sin embargo, el debate no es tan simple. También se discute el reparto del tiempo, los permisos o el registro horario.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi (c) y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), en una imagen de archivo. Europa Press
Los reproches de Garamendi no paralizan los planes de Díaz. "Esta es la legislatura del tiempo para la vida y, sin lugar a dudas, me gustaría que el acuerdo sea tripartito. Si no lo fuera, pues que sea bipartito", aviso la vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
La ministra de Trabajo sabe que cuenta con el 'sí' de los sindicatos. CCOO y UGT llevan esta reclamación en su proclama para el Primero de Mayo. Tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, ven posible que el pacto llegue en pronto.
"Tiene que ser una realidad en los próximos meses", concretó Álvarez este lunes, durante el reparto de información del Primero de Mayo en la Estación de Atocha, en Madrid. Por su parte, Sordo defendió que "hay que trabajar menos horas para trabaje más gente".
La jornada media pactada por convenio en España se situó en 1.763,68 horas anuales, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. En España, el 53,64% de los convenios con efectos en 2024 registra jornadas por debajo de las 38,5 horas semanales.
Pleno empleo
Más difícil que la reducción de jornada se presenta el pleno empleo. El secretario general de CCOO confía en que sea posible "en el medio plazo", pero sólo "si España hace bien las cosas".
La realidad es que España alcanzó en el primer trimestre de este año una tasa de paro del 12,29%, casi medio punto más que en los tres últimos meses de 2023, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Con 2.977.000 desempleados hasta marzo, el número de parados roza de nuevo la temida barrera de los 3 millones de personas en paro.
A pesar de la reforma laboral y de los buenos datos económicos, con perspectivas positivas, la reducción del paro se resiste. El Banco de España, en el capítulo sobre Empleo de su Informe Anual 2023, situó la tasa de paro estructural del país en el entorno del 12% y el 13%.
El regulador cifra en esos porcentajes el límite al que puede reducirse el desempleo en España. Sólo situaciones concretas conseguirán llevar la tasa de paro por debajo de esos niveles y lo harán, además, de forma moderada.
La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 30 de abril. Europa Press
Aunque la realidad es adversa, en la cartera de Yolanda Díaz mantienen el empeño en disminuir la cifra de parados. Hace unos años, su objetivo fueron los jóvenes; ahora, apunta a los mayores de 52 años.
El Ministerio de Trabajo fiscalizará que los más de 600 millones de euros que destinará a la comunidades autónomas para Políticas Activas de Empleo (PAE) se enfoquen a reducir el paro en esa franja de edad. Además, ese grupo también es el más afectado por el desempleo de larga duración. Entre enero y marzo, 140.100 personas de entre 55 y 59 años llevan más de dos años en paro, un 11,45% más que en el trimestre anterior.
[Trabajo fiscalizará las políticas de empleo autonómicas para parados mayores de 52 años]
Para los parados, Trabajo también tiene pendiente aprobar la reforma de los subsidios por desempleo. Tras un intento fallido a comienzos de año, con el voto en contra en el Congreso de PP, VOX y Unidas Podemos, antiguo partido de Díaz, el Ministerio se encuentra en negociaciones con los agentes sociales para presentar un nuevo texto.
De su aprobación, no en la mesa de diálogo, sino cuando vuelva al Parlamento, ahora como proyecto de ley, depende un desembolso de 37.000 millones de euros de los fondos europeos. A mediados de marzo, ante la imposibilidad de cumplir con los plazos, Bruselas dio a España una prórroga de dos meses para evaluar ese cuarto pago.
Reforma del despido
El Gobierno entiende que la conquista de los 21 millones de ocupados, con cifras similares de afiliados en la Seguridad Social, es un logro como país y quiere que se afiance y crezca. Por eso, una de las vías en las que avanza Trabajo es la reforma del despido, también recogido en el acuerdo de coalición.
Díaz tiene varios frentes abiertos, algunos propios y otros ajenos. Entre los suyos, está la reforma del despido por incapacidad permanente o incapacidad sobrevenida. La eliminación del despido automático de las personas con discapacidad sobrevenida es una de las leyes que el Gobierno planea aprobar este año, como consta en el Plan Anual Normativo.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (c), y de UGT, Pepe Álvarez (i), en una imagen de archivo. Europa Press
Trabajo hará dos cambios concretos en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. El primero será que los contratos sólo puedan extinguirse en caso de muerte, y no en caso de muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, como ocurría hasta ahora.
El otro cambio implicará una nueva redacción del artículo que incluirá una nueva letra para las situaciones de gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador. Ahora será el empleado el que podrá solicitar a su empresa que realice ajustes razonables a su puesto de trabajo para poder seguir desempeñándolo.
La otra reforma del despido es la que, previsiblemente, solicitará el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). La ministra de Trabajo es partidaria de acatar la decisión y modificar el despido, aunque en la legislatura pasada el Gobierno se opuso, si bien Díaz marcó distancias y apuntó a los socialistas como los responsables de ese rechazo.
La modificación del despido que parece que pedirá Europa responde a una denuncia presentada por UGT en marzo de 2022 ante el CEDS, al entender que el precio del despido improcedente en España no era disuasorio ni resarcitorio. Dos años después, las partes ya conocen la decisión del CEDS, pero todavía no se ha hecho pública.
[Los abogados dan por hecho que la decisión del CEDS llevará a un encarecimiento de los despidos]
Díaz está dispuesta a cambiar el despido en España y ya ha dado algunas pistas. A mediados de abril, esbozó en el Senado la posibilidad de reforzar las causas de los despidos objetivos, de manera que se elimine de las causas económicas el despido si la empresa no alcanza los niveles de beneficios previstos.
En cuanto a la indemnización, para la ministra el debate no está en los 45 o 33 días por año trabajado, sino en conseguir que sea disuasorio y resarcitorio. Para ello, Trabajo busca introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada.
Fuentes sindicales concuerdan con esta medida que, a su juicio, hará que los empresarios se lo piensen más a la hora de despedir, ya que no sabrán cuánto les costará.
