Bruselas sitúa a España a la cola de la UE en indicadores sociales como pobreza, paro y problemas en vivienda
El Ejecutivo comunitario alerta sobre el escaso parque de viviendas sociales en nuestro país: 2,5% frente al 9,3% de media en la UE.
9 mayo, 2024 03:37Una tasa de empleo relativamente baja acompañada de un paro elevado (también el de larga duración) y una alta proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un exceso de temporalidad en el mercado laboral que ahora afecta sobre todo al sector público. Un nivel de renta familiar disponible que todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Tasas elevadas de abandono escolar y también de pobreza, en particular entre los niños. Y problemas de acceso a la vivienda que obstaculizan la integración social de los grupos más desvaforecidos.
Estos son los principales riesgos en materia de convergencia social identificados por la Comisión de Ursula von der Leyen en su informe sobre España publicado este miércoles. El Ejecutivo comunitario ha realizado esta evaluación en profundidad después de que nuestro país suspendiera en 10 de los 16 indicadores del primer ranking social elaborado por Bruselas el pasado noviembre. Un nuevo mecanismo de alerta entre cuyas principales impulsoras se encuentra precisamente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Además de España, Bruselas ha hecho estudios sobre Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia y Rumanía, los otros países peor clasificados.
"Pese a las mejores, el paro sigue siendo alto en España. Tanto la tasa de desempleo como su componente de larga duración duplicaron la media de la UE en 2023, en el 12,1% y el 4,2%, respectivamente. A pesar de los avances, el paro sigue afectando más gravemente a jóvenes, trabajadores mayores y personas nacidas en el extranjero", señala el informe del Ejecutivo comunitario.
En particular, la tasa de desempleo juvenil se situó de media en 2023 en el 21,3%, 10,1 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Para las personas mayores (55-74 años) el paro fue casi el triple de la media de la UE (11,1% frente al 4,3% en 2023).
"Desde los años noventa, la alta prevalencia de trabajadores temporales ha contribuido a la elevada volatilidad del empleo y las desigualdades de ingresos, aunque la reciente reforma del mercado laboral ha traído mejoras significativas", apunta Bruselas. En concreto, la tasa de temporalidad ha caído del 20,9% en 2021 al 14,3% en 2023.
La mejora se ha visto particularmente en el sector privado, donde la cuota de contratos temporales ha caído al 13,2%. Sin embargo, en el sector público la tasa de temporalidad es más del doble que en el sector privado, un fenómeno especialmente generalizado en los sectores de la educación y la salud. Este es el principal motivo por el que la tasa de temporalidad en España se mantiene 3,8 puntos por encima de la media de la UE.
"Los desajustes en materia de cualificaciones y la alta tasa de abandono escolar indican problemas en la transición de la juventud española desde la educación al mercado laboral", prosigue el informe. España tiene una elevada tasa de abandono escolar (13,9% frente al 9,6% en la UE), con importantes diferencias regionales. Al mismo tiempo, nuestro país registra una de las tasas de sobrecualificación más altas de la UE (35,9% frente al 22,2%), en un contexto en el que uno de cada tres trabajadores con educación universitaria está empleado en trabajos poco cualificados.
Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social aumentó cinco décimas en 2023 hasta situarse en el 26,5%, "mostrando poca o ninguna convergencia con la media de la UE (21,6%) desde 2015". Algunos grupos están afectados de forma desproporcionada, como los padres solteros, las personas con discapacidad, los jóvenes, los extracomunitarios o los romaníes, según el informe.
"La pobreza infantil sigue siendo particularmente alta y puede influir negativamente en los resultados educativos y las perspectivas profesionales futuras", sostiene el Ejecutivo comunitario. Tras subir entre 2018 y 2021, la tasa de pobreza infantil se redujo 0,8 puntos porcentuales en 2022, pero seguía siendo una de las más altas de la UE (un 32,2%, correspondiente a más de 2,6 millones de niños) y en 2023 volvió a aumentar en 2,3 puntos.
Un fenómeno que se debe tanto a la situación laboral de los padres como a la eficacia limitada de las ayudas sociales, ya que las prestaciones por hijo están entre las más bajas de la UE. De hecho, el informe de Bruselas denuncia que el impacto de las ayudas sociales en la reducción de la pobreza sigue siendo bajo. Las transferencias sociales de España redujeron la pobreza en un 27,4% en 2022 (frente al 35% de media en la UE), con un empeoramiento significativo de 4,5 puntos porcentuales en 2023.
En cuanto a la vivienda, la Comisión señala que "los problemas de asequibilidad obstaculizan la integración social de los grupos desfavorecidos". La proporción de hogares para los cuales los costes de la vivienda representan más del 40% de sus ingresos (la tasa de sobrecarga de costes de la vivienda) se mantuvo por encima de la media de la UE en 2022 (9,2% frente al 8,7% en la UE), aunque las cifras mejoraron en 2023.
"El aumento de los precios de la vivienda impide que los grupos vulnerables (por ejemplo, los jóvenes y aquellos en riesgo de pobreza) accedan a una vivienda adecuada, lo que crea importantes barreras a la inclusión social en algunos casos y tiene un impacto en la capacidad de acceder al empleo y a servicios básicos, como la salud y la educación", denuncia el informe.
"El escaso parque de viviendas sociales de España (2,5% frente al 9,3% en la UE) también tiene un impacto negativo en la falta de hogar, con una media de 71,3 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes", señala la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario concluye que "las significativas medidas previstas y aplicadas hasta ahora" por el Gobierno (muchas de ellas en el marco del plan de recuperación Next Generation) "se espera que ayuden a España a hacer frente a los riesgos identificados".
El informe menciona en concreto la reforma del mercado laboral, los aumentos regulares del salario mínimo, la reforma de las políticas activas de empleo, la nueva ley educativa o la revisión del sistema de protección social, incluyendo el ingreso mínimo vital.
No obstante, Bruselas avisa de que "eso dependerá de forma crucial de su plena puesta en práctica, así como de una mejor coordinación entre las administraciones nacional y regionales".