Ambas organizaciones coinciden en que todavía es pronto para hablar del número de despidos y piden calma, ya que esas negociaciones pueden demorarse cerca de un año. Los dos sindicatos tienen claro que las salidas deberán ser voluntarias y compensadas y ven, también, una oportunidad para regenerar la plantilla.

En CCOO, estiman que el banco resultante de la fusión contará con unos 35.000 trabajadores, la suma de los 22.000 empleados de BBVA y los 12.000 de Sabadell. "Debería servir para reforzar la presencialidad y las sucursales bancarias, que están en una situación precaria, eliminando la exclusión financiera", señala a EL ESPAÑOL-Invertia el responsable estatal de CCOO Sector Financiero, Javier de Dios. 

El presidente del BBVA, Carlos Torres. BBVA Europa Press

De Dios también precisa que esta compra se produce en un momento de bonanza, tanto para las entidades bancarias como para la economía en general. Por tanto, la repercusión para los trabajadores no debería ser como la de otras fusiones del pasado.

En UGT, la principal preocupación es mandar un "mensaje de tranquilidad a la plantilla". Primero, porque las negociaciones de un futuro Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se producirán después de que se complete la fusión y eso llevará entre 10 y 12 meses. Segundo, porque toda salida será "voluntaria y bien indemnizada", como precisa a este periódico el responsable estatal del sector financiero de UGT, Víctor Miravete.

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Los dos sindicatos coinciden en que los más afectados por un posible ERE serían los trabajadores de los servicios centrales, ya que con la fusión de BBVA y Sabadell se duplicarían. También se verían en la misma situación los empleados de las sucursales con mayor concentración.

CCOO y UGT recalcan que ambos bancos se encuentran en este momento en condiciones financieras de ofrecer una buena indemnización a los trabajadores que salgan en el ERE. BBVA ganó 2.200 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Sabadell presentó unos beneficios de 308 millones de euros entre enero y marzo, un 50% más que en los tres primeros meses de 2023.

Convenio colectivo

En CCOO preocupa que la opa pueda "enturbiar la negociación del convenio colectivo de banca (CCB)". "Si tienen dinero para estas operaciones, deberían tener dinero para el convenio y el principal escollo es la remuneración", apunta De Dios.

Para evitarlo, desde UGT proponen alcanzar un acuerdo y cerrar el convenio "en breve". En un comunicado, el sindicato reclama "una subida salarial real, sin compensación ni absorción, y de acuerdo con el IPC". "Eso ofrecería un marco legal de mínimos para afrontar con garantías cualquier cambio empresarial resultante de este proceso", asegura el sindicato.

Democracia empresarial

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se opuso a esta opa y avisó de "un fortísimo impacto en términos de empleo". Díaz aseguró este jueves que el Gobierno tiene "marcos legislativos" para parar la opa y aludió a la disposición adicional duodécima de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

Además, la vicepresidenta segunda aprovechó el anuncio de esta operación para defender la necesidad de la "democracia en la empresa". De hecho, uno de los compromisos del acuerdo de coalición es impulsar la participación de los trabajadores en las empresas, con el artículo 129 de la Constitución como referencia. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A. Pérez Meca Europa Press

"Se puede producir una opa hostil brutal que afecta a miles de trabajadores sin que tengan derecho a opinar absolutamente nada. Esto tiene que ver con la democracia en la empresa. ¿Cómo se puede producir esto sin que los trabajadores digan nada?", comentó Díaz durante su intervención en un acto por el Día de Europa. 

La vicepresidenta segunda recordó que la participación de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas ya existe en otros países. También citó el informe elaborado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta, a petición de la Unión Europea (UE), en el que cita la presencia de los representantes de los trabajadores en los consejos como una medida para fortalecer la dimensión social del mercado único.