El Ministerio de Trabajo y Economía Social trabaja desde hace algún tiempo en revertir esta situación y mejorar las condiciones laborales de este colectivo ampliamente feminizado. De esos 375.000 trabajadores, el 95,5% son mujeres y, además, más del 40% de ellas son inmigrantes.

En las últimas semanas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido tanto con asociaciones de trabajadoras domésticas y SAD, como con sindicatos para sacar adelante el proyecto normativo del real decreto relativo a la prevención de riesgos laborales de estos colectivos. Las propuestas resultan "interesantes", pero quedan aspectos por pulir.

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La dificultad principal reside en la peculiaridad del propio centro de trabajo, hogares particulares. Díaz ya habló hace un año, cuando inició el desarrollo del Real Decreto-Ley para la mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar, de 2022, en el que se exige una norma propia al respecto, de la posibilidad de que las familias autoevaluarán los riegos a los que se exponen sus trabajadoras.

Un año después, las propuestas que Trabajo ha presentado a los sindicatos resultan mejorables. Tras la reunión celebrada este lunes, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, manifestó "incertidumbres importantes". Sanz apuntó a esas evaluaciones de riesgo en el hogar y a las condiciones de trabajo en los domicilios, "donde hay inviolabilidad". 

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En UGT, se plantean la misma cuestión. "Hay algunas dudas sobre cómo la Inspección va a poder actuar en los domicilios", expresó la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre.

Al igual que está ocurriendo en las negociaciones para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, los riesgos psicosociales también estarán presentes en este proyecto normativo. García de la Torre insistió en que el trabajo doméstico y de ayuda a domicilio está "muy precarizado y muy feminizado", por lo que reclamó "la mayor protección posible a la salud mental" de estas empleadas. 

Aunque no hay fecha para próximas reuniones, tanto CCOO como UGT creen que falta "profundidad" en el debate. Asimismo, entre otras cuestiones pendientes, Sanz, de CCOO, avisó de los problemas "de interpretación y de carácter político" que puede acarrear evaluar de la misma manera los riesgos laborales de las empleadas del hogar y de la ayuda a domicilio, ya que tienen "aristas muy diferentes".