Ambas medidas se extenderán también a las personas dedicadas a la ayuda a domicilio. En el caso de la ley rider, el alcance será mayor, puesto que afectará a cualquier trabajador de plataformas, como establece la directiva europea sobre plataformas digitales aprobadas por la Unión Europea (UE).

Mientras Díaz apuesta por dotar de más derechos a estos colectivos, las estadísticas de la Seguridad Social evidencian una caída de la afiliación en el Sistema Especial de Empleados del Hogar. En abril, 371.538 personas cotizaban en este sistema, un 0,20% menos que el mes anterior. El descenso es más abrupto si se compara con abril de 2023, con una pérdida de 9.099 personas y una caída del 2,39%.

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La tendencia es la misma en la afiliación de extranjeros a este sistema. Los trabajadores de otras nacionalidades representaron en abril el 45,31% del total de cotizantes al régimen del hogar. En total, 168.339 personas de fuera de España estaban dadas de alta como empleadas del hogar, un 0,55% menos que en marzo y un 3,08% por debajo de las cifras de abril de 2023.

Al margen de la nacionalidad, el empleo doméstico está ampliamente feminizado. De los 371.538 afiliados de abril, el 95,57% eran mujeres y el 4,42% restante, hombres, según datos de la Seguridad Social.

Plataformas

Díaz impulsó la necesidad de controlar normativamente las plataformas de reparto, con la aprobación de la conocida como ley rider. Una legislación que sirvió después de inspiración para la directiva europea sobre plataformas digitales.

La directiva abre el foco, ya que no se centra sólo en los repartidores a domicilio sino en cualquier trabajador que preste sus servicios a través de estas plataformas, ya sean traducciones, cuidados o conducción. El abanico es tan amplio que unos 43 millones de personas trabajarán en plataformas para 2025 en la Unión Europea (UE), según estimaciones comunitarias.

Un repartidor de Glovo en bicicleta por una calle del centro de Madrid, en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

La ministra de Trabajo, que ya consiguió regular a los falsos autónomos de las plataformas de reparto, quiere hacer ahora lo mismo con el resto de trabajadores y aplicar la directiva europea. "No hay atajos con los derechos laborales, repartas comida o cuides personas mayores. No vamos a admitir que las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar al siglo XIX", defendió en unas jornadas de eldiario.es.

El secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, valora el paso de Trabajo ya que la directiva "no especifica sector". "Afecta al total de los trabajadores en plataformas", comenta en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

Gutiérrez recuerda que los sindicatos ya pidieron incluir a todos los trabajadores de plataformas cuando se negoció la ley rider, aunque en ese momento no tuvo éxito. Esta vez, espera que Trabajo saque adelante una ley rider mejorada y que se haga con una mesa de negociación previa. 

"Necesitamos regular el conjunto de trabajos que se realiza a través de plataformas digitales. Ahora, con la directiva, creo que nos da la razón para abordar esas nuevas formas de trabajar que se realizan hoy en día, regular el conjunto de trabajos de plataformas digitales y que no se fundamenten en la vulnerabilidad y precariedad de las personas trabajadoras", explica Gutiérrez.

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Esa visión no es compartida entre las plataformas. El director ejecutivo de Cuidum, Jorge Cantero, defiende que la ley rider tiene sentido para los repartidores, pero "no tiene nada que ver con plataformas de cuidado".

Cantero cree que la ministra de Trabajo "no sabe bien lo que hay detrás" de plataformas de cuidado como la suya, en este caso, dedicada a las personas mayores. "Esto es un sistema que existe desde hace muchísimos años, donde hay un contrato laboral siempre", asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, al tiempo que insiste en que realizan "servicios de mediación" entre empleado y empleador, en este caso, familias.

Para Cantero, no hay duda de que el trabajo del hogar o de ayuda a domicilio tiene que ser "digno" y no precario y, al mismo tiempo, pide al Gobierno que tenga presente a las familias que recurren a estos servicios. "Cada vez es más caro y la familia tiene que poder pagar ese cuidado", añade.

En su opinión, ese es uno de los motivos por lo que el empleo doméstico sigue moviéndose en la economía sumergida en lugar de aflorar a la legal. Cantero recalca que estos servicios son necesarios para muchas familias que tienen que pagar cada vez salarios más altos mientras los suyos se mantienen o no suben en proporción con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Riesgos laborales

Hace un año, la ministra de Trabajo ya comenzó a hablar de llevar la prevención de los riesgos laborales a las trabajadoras domésticas y de ayuda a domicilio. Hasta ese momento, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 había excluido a estos colectivos, pero el Real Decreto-Ley para la mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar, de 2022, abrió un nuevo panorama.

Con unas elecciones generales de por medio, y varias autonómicas por el camino, el texto quedó paralizado. Sin embargo, en los últimos días, la vicepresidenta segunda ha reactivado las consultas, tanto con las empleadas domésticas y de ayuda a domicilio como con los sindicatos.

Una empleada de hogar friega cubiertos de cocina. Ricardo Rubio Europa Press

Las organizaciones sindicales estiman que la prevención de riesgos laborales para estos colectivos alcanzará a unas 375.000 personas. De ellas, el 95,5% son mujeres y más del 40% son extranjeras.

Por lo que se conoce hasta la fecha, el Ministerio se mantiene en su idea de la autoevaluación de los riesgos en el hogar por parte de las familias contratantes. Esa medida genera dudas entre los sindicatos ante la escasa posibilidad de actuación de la Inspección de Trabajo, ya que los centros de trabajo son casas y los domicilios son inviolables.