"Esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado", ha afirmado Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados.

Eso sí, la prevalencia de los convenios autonómicos, es decir, que estén por encima de los sectoriales o estatales, estará supeditada a que estos sean beneficiosos para los trabajadores. En cualquier caso, quedan fuera del cambio normativo el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. 

¿Qué consecuencias tendrá para los trabajadores?

Antes de responder a la pregunta, conviene recordar que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales ya se había aprobado a finales de diciembre de 2023. Pero sólo estuvo en vigor hasta el 10 de enero de 2024.

Ese día, el real decreto-ley de reforma del subsidio por desempleo, que incluía la priorización de los convenios provinciales y autonómicos, decayó porque Podemos unió sus votos en contra a los de PP y Vox.

Hecha esta aclaración, y teniendo en cuenta que el cambio entrará en vigor cuando lo publique el Boletín Oficial del Estado, ¿qué consecuencias tendrá para los trabajadores?

En un principio, sería para mejorar sus condiciones laborales, ya que el criterio que se tendrá en cuenta a la hora de aplicar la medida sería si el convenio autonómico es más beneficioso para los trabajadores.

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Como ya ha quedado dicho, hay asuntos que no se pueden tocar, como el periodo de prueba o las modalidades de contratación. Pero sí puede suceder en otros que son muy importantes para los trabajadores como el salario, los turnos, o la jornada mínima de trabajo.

Sin embargo, y ya en su anterior aprobación, hubo quien planteó el hecho de que la medida podría conllevar "problemas aplicativos y problemas de interpretación".

Así lo expusieron desde el sindicato USO, que también hizo hincapié en que "los convenios estatales ya no podrán eliminar o modular la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos".

Dicho de otra manera, por ejemplo, podría darse el caso de que hubiera diferencias entre los trabajadores de una misma empresa dependiendo de si su puesto estuviera en una autonomía o en otra. Por tanto, hablamos de desigualdad. Y ello podría traer rigideces al mercado laboral.

Dos trabajadores en la fábrica de Ford en Almussafes. Rober Solsona / Europa Press

Una situación que podría ocurrir no sólo en cuestiones como el salario o los turnos de trabajo, sino también en una serie de complementos como los seguros o los planes de pensiones. Algo que impactaría no sólo en el empleado, sino también en la gestión propia de la empresa.

Desde CEOE y Cepyme han mostrado su “rechazo total” a la priorización de los convenios colectivos autonómicos frente a los nacionales o sectoriales. "Esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional. Por tanto, la materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española", han subrayado.