Así lo indica la memoria económica que acompaña al real decreto, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. Cabe recordar que, cuando el Gobierno aprobó la reforma del subsidio a finales de 2023, se calculó que la norma elevaría el gasto público en, al menos, 648 millones de euros en su primer año de aplicación.

Esta versión de la reforma del subsidio de desempleo acabó decayendo debido a que el Congreso la rechazó. El Gobierno tuvo que elaborar un nuevo real decreto-ley (esta vez en colaboración con los sindicatos y cerrando detalles previamente con los grupos parlamentarios) que recoge sustanciales mejoras respecto a su predecesor. Entre ellas, la compatibilidad entre la prestación contributiva de paro y un salario y la no supresión de las sobrecotizaciones de los mayores de 52 años. 

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Con estos cambios sobre la mesa, se podría pensar que el impacto presupuestario se elevaría, pero el departamento que dirige Yolanda Díaz no lo ve así.

De hecho, calcula que el gasto adicional, durante el primer año de la reforma, será diez veces inferior a lo previsto anteriormente, quedándose en los 64 millones de euros citados anteriormente. Es más: el equipo de Yolanda Díaz vaticina ahorros a partir del tercer año de aplicación. 

¿Cómo se explica este vuelco de las cifras? El equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lo basa, esencialmente, en el impacto que tendrá la posibilidad de compatibilizar subsidio y prestación contributiva con un empleo (el conocido como complemento de apoyo al empleo) y la subsiguiente reducción del gasto en políticas activas de empleo, debido a la rebaja de usuarios. 

La caída del gasto en políticas activas se estima en unos 200 millones de euros al año. Por otro lado, el ahorro en prestaciones gracias al complemento de apoyo al empleo y la reincorporación más temprana de los parados se eleva a unos 215 millones.

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Además, hay que tener en cuenta 21 millones adicionales en materia de cotizaciones al desempleo que ingresaría el Estado por estos nuevos trabajadores. Se trata de una mejora de ingresos públicos que también notaría la Seguridad Social, para la que se vaticinan 300 millones de euros en ingresos extra. 

El texto estima que la cifra de beneficiarios más inmediatos de esta fórmula de compatibilidad de prestación/subsidio y empleo alcanzaría las 430.000 personas. 

Ya para el tercer año de aplicación de la reforma de subsidio y prestación de desempleo, la memoria económica del real decreto-ley recoge ahorros. Concretamente, el gasto caería en unos 43 millones de euros al año. 

Y para el quinto año de aplicación, la rebaja se elevaría a los 44 millones de euros anuales. 

Aumentos

No hay que olvidar que, entre los cambios más reseñables que introduce la reforma, se incluye un aumento por tramos de las cuantías. El subsidio será del 95% del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales), del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).

La reforma entrará en vigor con carácter general en noviembre de este año. La duración máxima de subsidio se mantendrá en 30 meses y se podrá compatibilizar con salario hasta 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía.

En el caso de la prestación contributiva de desempleo se podrá compatibilizar con un trabajo tras un año cobrando prestación y siempre que el salario no supere el 225% del Iprem (1.350 euros al mes con el Iprem actual). Esta medida en principio operaría a partir de 2025. 

Este nuevo régimen de compatibilidades irá acompañado del establecimiento de mecanismos de control a través de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo. 

El diputado de Sumar, Manuel Lago; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el diputado de Sumar Iñigo Errejón. Jesús Hellin / Europa Press

También habrá una simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, con la eliminación del mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y quieran solicitar el subsidio. Así, la ayuda se podrá cobrar desde el primer día.

Además, la reforma elimina los subsidios parciales para quienes hubieran trabajado a tiempo parcial, pudiendo cobrarlos íntegros, al tiempo que permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (que son los necesarios para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio, medida que beneficiará fundamentalmente a los jóvenes.

Se facilita, además, el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para las personas que acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, alternativamente, y se ampliará la cobertura al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar.

IMV

La reforma permitirá también que aquellos que están cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una pasarela de la que quedarán excluidas las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que se mantendrán en el subsidio.

Asimismo, se introduce como causa de suspensión del subsidio que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reiniciar su actividad y no se reincorporen a su puesto de trabajo, salvo causa justificada.