Lo cierto es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dado un espaldarazo a las políticas diseñadas por Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. En concreto, el think tank de los países desarrollados valora las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral y los mecanismos de apoyo al mantenimiento del empleo durante la pandemia (los ERTE).

Pese a ello, en un informe publicado este miércoles, indica que es necesario profundizar en la reducción de la temporalidad y aumentar el número de trabajadores con un contrato fijo ordinario. Asimismo, reitera su habitual advertencia: España tiene un problema con la productividad.

En lo que se refiere a la temporalidad, reconoce que la reforma laboral de 2022 limitó estrictamente el uso de contratos temporales.

De hecho, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, ha apuntado en el acto de presentación del informe que España se ha convertido en el tercer país "más estricto" en el uso de los contratos temporales, frente al séptimo puesto que ocupaba antes. Y lo ha hecho, además, sin una disminución del empleo.

Sin embargo, la OCDE cree que aún es necesario aumentar el peso de los contratos indefinidos en el mercado laboral. Eso sí, no a través de nuevas restricciones, sino que la transición a contratos indefinidos regulares debe lograrse a través de incentivos.

Asimismo, destaca que una quinta parte del aumento del empleo indefinido se ha debido al mayor uso de los contratos fijos discontinuos, que pasaron de ser un 2,7% del total en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022. Un contrato que ofrece más estabilidad que uno temporal, "pero no necesariamente más seguridad en los ingresos", indica la OCDE.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

"Los contratos discontinuos intermitentes han aumentado en este periodo de tiempo y de cara al futuro será importante, mediante el diálogo social y la negociación colectiva, realizar un seguimiento de la utilización de este tipo de relaciones laborales", ha señalado Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE.

La preocupación de Scarpetta es asegurar que este tipo de contratación "no se convierta en una nueva fuente de precariedad para los trabajadores y que puedan disfrutar de contratos sólidos e indefinidos".

Salarios

El punto de partida del informe es que desde la década de los noventa del siglo pasado el crecimiento de la productividad en España ha sido mediocre si se compara con la media de la OCDE. Pero, además, la evolución de los salarios reales -teniendo en cuenta la inflación- ha tenido un comportamiento incluso peor. En parte, apunta la organización, por la pérdida de poder de negociación de los trabajadores.

En este sentido, la OCDE critica abiertamente, la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, que pretendía una descentralización de la negociación colectiva al nivel de la empresa para dar mayor flexibilidad y combatir el elevado desempleo.

Pero el conocido como el "club de los países desarrollados" duda de que aumentara el nivel de negociación en las empresas. Posiblemente, por "la falta de representación de los trabajadores en las más pequeñas". Además, señala que "se teme que haya socavado la posición de los sindicatos a nivel sectorial, y que haya contribuido a desvincular el crecimiento salarial del crecimiento de la productividad".

Por el contrario, la OCDE valora el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) como una medida para promover una distribución más amplia de las ganancias de productividad entre los trabajadores. Pasó de estar alrededor del 45% del salario bruto en el sector privado en 2018 a representar el 58% en 2022. Y prevé que aumente hasta el 62% del salario medio.

En tanto que el mayor incremento se produjo en 2019, la OCDE centra su análisis en ese año. Y respalda sin ambages la subida: "La reforma del salario mínimo de 2019 sugiere que aumentó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos sin causar pérdidas sustanciales de empleo". En concreto, señala que aumentó los salarios reales de los trabajadores afectados en casi un 6%, mientras que redujo el empleo en un 0,6%.