A través de un comunicado emitido este jueves, el CES ha manifestado "su profundo malestar" por la forma en la que el Gobierno ha llevado a cabo la reforma de la composición de este organismo, "sin haber realizado con anterioridad ningún tipo de consulta con el propio Consejo y las organizaciones que lo conforman", tal y como marca la legislación.

El CES recuerda que es el "principal órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral", y en él reside el diálogo social institucionalizado, por lo que las formas en las que se aborde su modificación legislativa resultan "especialmente relevantes" a la hora de garantizar el nivel de lealtad institucional que siempre ha presidido la labor del Consejo.

El CES afirma que se configura, según su ley de creación, como un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. En su artículo séptimo se establece, entre sus funciones, emitir dictámenes con carácter preceptivo sobre los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, competencias o funcionamiento del Consejo.

A pesar de ello, critica que el real decreto-ley para reformar el subsidio de desempleo incluyera modificaciones en la ley de creación del CES, con el objetivo de dar cabida en el organismo a patronales autonómicas, "sin que se haya producido con carácter previo ningún tipo de consulta a los órganos de gobierno del propio Consejo ni a las organizaciones que lo conforman".

Dicha disposición concede un plazo de tres meses al CES para modificar su reglamento interno y adecuar la composición del grupo segundo, el referido a los empresarios, a la nueva redacción de la ley. El cambio pretende que estén representadas las asociaciones empresariales más importantes a nivel autonómico (como ya sucede en el caso de los sindicatos), lo que abrirá la puerta a la entrada de la patronal catalana Pimec.

"La función que se desarrolla en el CES se califica como diálogo social institucionalizado, dentro del marco de la democracia participativa, y las organizaciones que lo conforman, con acreditada representatividad, tienen la finalidad reconocida constitucionalmente de representar y defender intereses constitucionalmente protegidos", subraya el CES en el comunicado.

A su juicio, esta composición "plural y suficientemente representativa" ha demostrado durante todos estos años de funcionamiento de la institución rendir sus frutos en el marco del mencionado diálogo social institucionalizado.